“La Diputación Provincial de Cuenca no puede convocar las oposiciones de Servicios Sociales porque sigue vigente la suspensión de la ejecución de la sentencia que anulaba este proceso selectivo”. Así responde el diputado de Personal, David Cuesta, al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Joaquín González Mena, ante sus declaraciones en los medios de comunicación exigiendo la ejecución de dicha sentencia y la convocatoria de las mencionadas oposiciones para ocho operarios de Servicios Sociales. Y es que le recuerda que el proceso judicial en torno a esta cuestión sigue muy vivo y, de hecho, en la actualidad, se encuentra en el Tribunal Constitucional, a raíz de la interposición de un recurso por parte de algunos de los opositores afectados. En consecuencia, les insta a que “ni manipule ni cree falsas expectativas en la opinión pública y en los opositores”.
Es por ello que el diputado de Personal no dude en recriminarle que “siga enrocado en su actitud de enturbiar la gestión de esta Diputación a costa de lo que sea, incluso, mintiendo o, al menos, no diciendo toda la verdad, en vez de dedicarse a trabajar por esta provincia y sus municipios”. No es de extrañar, por lo tanto, que le invite “por enésima vez”, a que “dedique todos sus esfuerzos a realizar una oposición responsable y constructiva, aparcando a un lado la deriva improductiva en la que está sumido desde que llegó a esta Diputación”.
En esta línea, le recuerda que el origen de todo este proceso judicial se remonta al año 2010 cuando la Diputación estaba gobernada por el socialista Juan Ávila y convocó unas primeras oposiciones para ocho operarios de Servicios Sociales, que fueron recurridas por algunos aspirantes y, posteriormente, anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ante la inclusión entre los miembros del tribunal de selección a una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cuenca y a su vez directora de la Residencia Provincial Sagrado Corazón de Jesús, incurriendo, según sentenció el alto tribunal, en una “incompatibilidad legal de carácter imperativo”.
Una situación que, tal y como detalla, llevó a que el nuevo equipo de Gobierno del Partido Popular tuviera que convocar unas nuevas oposiciones para las mencionadas plazas, que fueron recurridas por algunos aspirantes iniciándose un nuevo proceso judicial, que aún se encuentra en marcha.
Y es que, tras la sentencia de 2014 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo anulando dichas oposiciones, son muchos los pasos dados por los opositores afectados, acudiendo en un primer término al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con un recurso de casación, después al Tribunal Supremo con un recurso de queja y, en la actualidad, al Tribunal Constitucional, quien hasta ahora no se ha pronunciado. Entre tanto, la suspensión de la ejecución de la sentencia continúa vigente y, como resultado, la Diputación, a la espera de que los tribunales se pronuncien al respecto y poder actuar en consecuencia.
Es por ello que el diputado de Personal aconseja al portavoz socialista que se informe bien antes de acudir a los medios para lanzar exigencias y acusaciones sin fundamento contra el actual equipo de Gobierno y le insiste en que “deje de confundir a la opinión pública en cuanto ve la mínima ocasión y que pida perdón a los aspirantes por generar expectativas infundadas cuando por el momento no se puede hacer nada al respecto”.
