Quienes vivimos en Cuenca sabemos que cada decisión urbanística deja huella durante décadas y condicionan la ciudad que heredarán nuestros hijos. Por eso, cuando anuncian el convenio entre la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento de Cuenca y ADIF para el desarrollo de los terrenos ferroviarios como una gran oportunidad, pero sin la transparencia ni la claridad que merece un proyecto de tal envergadura, es inevitable analizarlo con cautela y con cierta reticencia. Una prudencia lógica, alimentada tanto por la falta de información concreta como por las numerosas noticias y procesos judiciales que en estos momentos rodean a ADIF, y que por responsabilidad no pueden ignorarse.
Porque más allá de los titulares, cuando uno se detiene a leer el contenido del convenio y, sobre todo, observa la forma en la que se pretende aprobar, surgen dudas muy razonables. Dudas que no nacen del rechazo al progreso, sino del profundo compromiso con una ciudad que ya ha pagado demasiado caros algunos errores del pasado. Dudas que compartimos desde el Grupo Municipal Popular y que también sienten colectivos, asociaciones y muchos conquenses que observan con inquietud cómo se quiere decidir el futuro de Cuenca para los próximos 50 años sin diálogo real y sin la transparencia que merece.
Y este no es un proyecto cualquiera. Es un acuerdo que marcará el desarrollo urbano de Cuenca durante generaciones, que condicionará como crece la ciudad, como se conecta y, en definitiva, como se vive. Precisamente por eso no puede salir adelante desde la imposición, ni desde la prisa política, ni desde decisiones tomadas en despachos alejados de la realidad cotidiana de nuestros barrios. Un proyecto pensado para medio siglo necesita consenso, escuchar y un debate sereno y abierto. No se puede hipotecar el futuro de Cuenca sin contar con quienes la viven cada día. Y tampoco se puede permitir que esta operación termine siendo, una vez más, un buen negocio para ADIF y una mala decisión para la ciudad.
Resulta todavía más difícil de entender que todo esto se quiera cerrar mientras se está redactando un nuevo Plan de Ordenación Municipal, la herramienta esencial para planificar el crecimiento ordenado y coherente de Cuenca. El POM debería ser la base sobre la que se asiente cualquier gran actuación urbanística, no un documento al que se recurre solo cuando conviene. No tiene lógica avanzar por un camino paralelo cuando ya existe un proceso técnico en marcha, ni obligar a la ciudad a pagar dos veces por lo mismo. No puede ser que el POM valga cuando interesa, como ocurrió con la conocida rotonda de Diego Jiménez, y deje de ser necesario cuando estorba. El POM debe guiar el futuro de Cuenca, no convertirse en un simple adorno. Lo contrario no solo es incoherente, sino también profundamente irresponsable desde el punto de vista económico y urbanístico.
Por desgracia, los conquenses sabemos bien lo que ocurre cuando se improvisa con el urbanismo. Nuestra ciudad está llena de decisiones mal pensadas, de proyectos que se anunciaron como grandes oportunidades y acabaron dejando espacios mal integrados, infraestructuras infrautilizadas y barrios desconectados. No hace falta mencionarlos. Todos los conocemos de sobra. Son errores que aún hoy seguimos pagando y que nos recuerdan que Cuenca no puede permitirse repetir la historia. No podemos aceptar actuaciones que, en lugar de resolver problemas, los multipliquen ni volver a tropezar en la misma piedra con decisiones que marcarán a quienes vengan detrás.
Por todo ello, las alegaciones que hemos presentado desde el Partido Popular en el Ayuntamiento no responden a un capricho ni a una estrategia política. Responden a la responsabilidad y al sentido común, y son la consecuencia lógica de las preguntas que ya planteamos en enero en el Ayuntamiento, en la Diputación y en el Congreso de los Diputados. Preguntas tan básicas como aclarar la titularidad de los terrenos, algo que debería estar perfectamente definido desde el primer momento. Porque si un convenio no es capaz de responder con claridad a cuestiones tan elementales, ¿cómo va a generar confianza en algo mucho más complejo?
Especialmente alarmantes han sido, además, las declaraciones del diputado socialista y alcalde en la sombra, Luis Carlos Sahuquillo, asegurando que el convenio se aprobará “como sea”, incluso sin pasar por el Pleno. Ante afirmaciones así, muchos ciudadanos nos preguntamos para qué sirve la exposición pública o para qué se pide la opinión de los conquenses si después se va a ignorar. La democracia local no puede convertirse en un estorbo para quienes gobiernan. El Pleno es el espacio donde se debate, se confrontan ideas y se toman decisiones con luz y taquígrafos, y saltárselo supondría un ataque directo a la transparencia y a la legitimidad institucional, además de un desprecio hacia una ciudad que merece respeto.
Y a todo ello se suma un contexto que no se puede ni se debe ignorar, como apuntaba al principio: ADIF se encuentra hoy en el centro de investigaciones y escándalos que afectan directamente al Gobierno socialista y, mientras tanto, en Cuenca sigue sin cumplir con sus compromisos más inmediatos. El mismo cargo de ADIF que ayer decía que no se podía reabrir la alta velocidad hacia Málaga, tras el accidente de Adamuz, es el mismo que deberá firmar con Dolz el futuro de Cuenca para 40 años. El mismo ADIF que a día de hoy todavía no ha abonado el millón de euros que le corresponde por los aparcamientos provisionales ya ejecutados. Y la pregunta es clara: si no paga lo que debe hoy, ¿cómo poder creer que mañana cumplirá lo que promete? En este caso, la prudencia no es desconfianza: es simple y puro sentido común conquense.
Cuenca no necesita imposiciones ni atajos. Necesita diálogo, planificación y respeto. Respeto por sus instituciones, por sus vecinos y por una ciudad que ha aprendido, a base de errores, que el futuro no se construye deprisa ni de espaldas a la gente. Decidir como será Cuenca dentro de 50 años exige responsabilidad, consenso y sentido común. Todo lo demás es correr el riesgo de volver a fallar, y Cuenca ya no puede permitírselo.
Opinión de Juan Guadalajara, vicesecretario de Infraestructuras y Vivienda del PP de Cuenca.
