Quien decide contar públicamente una situación de violencia de género —del tipo que sea— cruza una frontera muy peligrosa: la que separa la búsqueda de justicia de la exposición permanente. Al hacerlo, no solo se abre la intimidad de una herida, sino que se entra en un campo de batalla donde otros libran sus guerras de poder.
En el espacio mediático y en las redes sociales, el testimonio de una víctima rara vez se respeta como lo que es: una experiencia límite que exige cuidado. Muy pronto se transforma en munición para bandos enfrentados, moneda de cambio en tertulias, objeto de burla o excusa para campañas coordinadas de odio. La persona que habla deja de ser sujeto para convertirse en símbolo, en diana, en caso.
Defiendo algo que parece sencillo aunque no lo sea, aprendido de las raíces ancestrales, y es llevar la procesión y el dolor por dentro mostrándolo solo a los profesionales de confianza que ayudan hasta que la herida esta sanada y eso precisamente es lo que se nos escapa entre titulares y trending topics: el derecho a la privacidad, a la intimidad y a la protección de las víctimas. Ninguna mujer debería verse obligada a exhibir su dolor para ser creída. Ninguna debería quedar atrapada en un relato público que otros manipulan a su conveniencia, mientras ella sigue viviendo las consecuencias en soledad, ninguna debería ofrecerse para generar un espectáculo que daña y divide en bloques perjudicando los derechos alcanzados en esa materia.
La violencia de género no necesita más espectáculo, necesita más garantías. Necesita instituciones que acompañen sin juzgar, procesos judiciales que no revictimicen, medios de comunicación que informen sin devorar. Y necesita también que respetemos a quienes deciden guardar silencio y solucionar a su manera o denunciar por vías discretas. Nombrar la violencia no puede implicar nunca y en ningún caso, renunciar a la propia vida privada.
Contar es un derecho, pero protegerse también lo es. Si de verdad queremos ponernos del lado de las víctimas, quizá el primer gesto sea dejar de exigirles que nos lo cuenten todo. Vulnerar la intimidad ajena no es solo una falta de respeto, es una conducta perseguible penalmente que puede acabar en condena, antecedentes y una indemnización económica elevada.
Opinión de Yolanda Martínez Urbina
