La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama a las Administraciones Públicas un giro a las actuales políticas existentes en prevención de riesgos laborales, ya que las existentes son “escasas e inútiles” para solucionar el grave problema de la siniestralidad en la región. Así, el sindicato exige la creación de un cuerpo autonómico de técnicos de prevención de riesgos laborales y el aumento de la plantilla de inspectores de trabajo.
En la región hay en la actualidad 43 inspectores de trabajo y 47 subinspectores de empleo, entre ellos sólo cinco de seguridad y salud laboral. Se trata de una plantilla totalmente insuficiente para atender a las 128.106 empresas registradas en Castilla-La Mancha, según el Directorio Central de Empresas que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo a estos datos, cada subinspector, figura encargada de realizar las visitas a los centros de trabajo, tiene a su cargo 2.725 empresas, es decir, 7,4 al día para cada uno de estos trabajadores asociados a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha; 10,9 si se tienen en cuenta sólo los días laborales.
El responsable autonómico de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Castilla-La Mancha, Carmelo Gómez, explica que “la Inspección de Trabajo, que tiene la misión de hacer cumplir las normas de prevención y en su defecto la de sancionar, por lo que es necesario dotar a este organismo de más medios”.
CSIF aboga que para que los empresarios puedan cumplir con la normativa para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, reducir la siniestrabilidad laboral, mejorar la productividad y aumentar el empleo es necesaria la creación de un cuerpo de técnicos de prevención de riesgos laborales propios de la Junta de Comunidades, pues se ha demostrado que es ineficaz a tenor de los datos actuales de siniestralidad. En Castilla-La Mancha se produjeron el pasado año 26.821 accidentes de trabajo durante la jornada laboral y en ‘itinere’, más de 73 al día y 2.137 más que en 2018. La Estadística de Accidentes de Trabajo que publica el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social incluía como novedad en 2019 los accidentes sufridos por los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero ello no sólo no obvia la elevada siniestralidad en la región sino que desvela incluso una mayor problemática.
En concreto, se produjeron 36 víctimas mortales: 12 en Albacete, 10 en Toledo, 9 en Ciudad Real, 3 en Guadalajara y 2 en Cuenca. La provincia con mayor índice de siniestralidad fue Toledo, donde se registraron 8.808 accidentes, seguida por Ciudad Real (5.947), Albacete (4.797), Guadalajara (4.406) y Cuenca (2.863).
Ante estos datos, el responsable autonómico de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Castilla-La Mancha subraya que “no se está acertado con los actuales esfuerzos y no se puede soportar que en los últimos años se haya superado la barrera de los 24.000 accidentes anuales en los datos de asalariados, mientras que hay que irse a 2014 para bajar de los 20.000. Vamos a peor”. Gómez, que recuerda que en la región “tristemente se han producido 381 accidentes mortales desde 2009 según los datos del ministerio”, señala que “todo pasa por una política eficaz, una de las claves se encuentra en dotar de más medios y recursos humanos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para conseguir un riguroso control y en formar ese cuerpo propio de técnicos”.
En este sentido, Gómez cree que “el Gobierno de Emiliano García-Page ha malgastado los 1.7 millones de euros concedidos a la patronal, pues con su pobre actuación no ha conseguido bajar la siniestralidad”, y es que “la propia Cecam señalaba recientemente que había realizado 911 visitas ‘in situ’ a las empresas de la región en 2019 para asesorar sobre prevención cuando en Castilla-La Mancha hay registradas más de 128.000 empresas”. Así, argumenta que con esos 1.7 millones de euros “la Junta podría haber creado un cuerpo propio, según nuestros cálculos con 50 técnicos especialistas, en lugar de derivar funciones”.
El responsable autonómico concluía que “CSIF está en contra de este tipo de prácticas, se están subvencionando actividades a la Confederación de Empresarios que no están obteniendo resultados. Es más, les hemos pedido que justifiquen los más de 11 millones por muy diversos conceptos, subvenciones recibidas por parte de Page desde 2014 que en muchos casos son sin concurso público, y seguimos sin obtener una respuesta. Se está utilizando el dinero público sin sentido”.
