La Asociación de Repobladores de la Sierra Norte de Guadalajara ha convocado para el próximo 30 de junio una manifestación en la capital para mostrar su indignación por la sentencia contra los seis jóvenes pobladores de Fraguas y para denunciar la falta de soluciones por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha formado por el PSOE y Podemos.
Así lo ha anunciado el Jaime Merino, integrante de esta asociación ante las puertas de la Delegación de la Junta en Guadalajara, acompañado de algunos de los seis condenados en el caso de la repoblación del paraje de Fraguas.
Merino ha calificado de «deplorable» esta sentencia, que van a recurrir ante la Audiencia Provincial y que condena a estos jóvenes a un año y medio de prisión por un delito contra la ordenación del territorio y a una multa que si no pagan se traduciría en otros seis meses de cárcel.
Según ha dicho, están convencidos de que se ha llegado a este punto «por una falta de voluntad política y de diálogo y soluciones» por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Por su parte, Isaac Alcázar, vicepresidente de la asociación y uno de los seis jóvenes condenados, ha señalado que todos están bastante afectados por la sentencia y ha calificado de «bastante inaudito» que ante el problema de la despoblación la respuesta del Gobierno regional sea «pretender demoler un pueblo que ha sido reconstruido». Mientras, desde la Junta, se han reiterado en varias ocasiones en que no se trata de un pueblo sino de monte público situado en un parque natural.
A juicio de Alcázar, el problema está en que la Junta no está dispuesta a llevar a cabo cambios legislativos que favorezcan la repoblación y cree que el movimiento neorrural está dispuesto a ello.
Recurrirán la sentencia
Por su parte, el letrado que representa a estos jóvenes ha reiterado que van a recurrir la sentencia porque entienden que los hechos «son legítimos» y «no pueden ser constitutivos de ningún delito porque lo que se ha hecho es rehabilitar un pueblo abandonado».
En este sentido, ha precisado que estos jóvenes pobladores consideran que no se puede hablar ni de delito contra la ordenación del territorio ni de usurpación de un bien inmueble cuando un monte público «no es ni una vivienda ni un edificio que pueda constituir morada».
Para este letrado, pese a que desde la Junta se ha defendido que su objetivo no era que estos jóvenes fueran a la cárcel, «al final, con su opción, conllevaría que estas personas ingresen en prisión», tras insistir en que en Fraguas se podría haber otorgado una concesión administrativa para su rehabilitación, tal y como se ha hecho con pueblos cercanos.
