El Juzgado de lo Penal número 3 de Toledo ha condenado a un cazador por abatir en 2019 un ejemplar de lince ibérico en el término municipal de Menasalbas (Toledo), al que deberá indemnizar con 100.800 euros por los daños causados.
La sentencia considera probado que el acusado mató a “Nenúfar”, una hembra de lince que portaba un radiotransmisor para su seguimiento, incurriendo en un delito contra la fauna por imprudencia grave. Además, agentes medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hallaron posteriormente uno de sus cachorros muerto por inanición, después de que la madre hubiera sido vista días antes con varias crías.
Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el condenado practicaba la caza sin licencia en vigor y en un periodo sin autorización para ello. La jueza ha impuesto una pena de multa durante varios meses, así como la inhabilitación durante tres años para el ejercicio de actividades relacionadas con la caza.
Durante el proceso, las acusaciones solicitaban penas más elevadas. La administración autonómica reclamaba una indemnización de hasta 500.000 euros, mientras que la organización conservacionista SEO/BirdLife pedía 180.000 euros.
Finalmente, la cuantía fijada por el juzgado se ha reducido a 100.800 euros por la muerte del ejemplar y de la cría.
La sociedad de cazadores implicada en el caso, para la que algunas acusaciones solicitaban responsabilidad civil subsidiaria, ha sido absuelta.
Por su parte, la Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha recordado la necesidad de extremar la responsabilidad en la práctica cinegética y ha subrayado su implicación en la persecución de delitos contra especies protegidas, participando como acusación en casos de envenenamientos o muertes de fauna especialmente graves.
El caso se produce en un contexto de recuperación del lince ibérico en España. Según los últimos datos, la población ronda los 3.000 ejemplares en 2025, con un crecimiento interanual cercano al 19 %, frente a los 1.365 censados en 2021, lo que refleja una evolución positiva de la especie tras haber estado en peligro crítico de extinción.
En este sentido, la federación regional ha destacado el papel de los cazadores, titulares de cotos y sociedades en la mejora de la especie, y ha instado a revisar su estatus legal ante la previsión de que la población pueda alcanzar los 3.500 ejemplares en 2026.
