El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado cerca de 24,8 millones de euros para la aprobación del expediente del contrato de servicios sociales, que financiará 73 plazas en un centro socioeducativo para la ejecución de medidas judiciales de responsabilidad penal de los menores.
Así lo ha anunciado su portavoz, Esther Padilla, quien ha explicado que el contrato, que entra en vigor el 1 de agosto de 2025, tendrá una duración de tres años. Este financiará los servicios de atención residencial, tales como alojamiento, alimentación, higiene; atención socioeducativa, psicológica, psiquiátrica, emocional y sociosanitaria; así como de actividades formativas, deportivas y de ocio de las personas residentes, según ha enumerado la consejera.
También, incluirá actuaciones imprescindibles para el adecuado funcionamiento y mantenimiento del centro como son limpieza, lavandería, mantenimiento del edificio y de las instalaciones y vigilancia de seguridad.
Intervención psico-socioeducativa para la integración
En España, los menores entre 14 y 18 años son responsables penalmente de sus actos. “El objetivo fundamental de estos centros es facilitar el proceso de socialización e integración de los jóvenes en dificultad y conflicto social”, ha explicado la portavoz, tras añadir que se opta por una intervención psico-socioeducativa, que reduzca el riesgo de exclusión social y de reclusión.
La consejera ha incidido en que se trata de recursos plenamente integrados en la comunidad, que proporcionan a adolescentes y jóvenes infractores un ambiente estructurado, “con horarios, con rutinas, con formación”, donde se realizan actividades socioeducativas de mejora de a la competencia social.
En definitiva, se trata de “una oportunidad de enseñanza” que aliente su evolución hacia una vida adulta prosocial, que evite la reincidencia, a la vez que se “fomenta la responsabilización por los hechos cometidos y el daño causado”, ha aclarado la portavoz. De este modo, se compensan las carencias del ambiente sociofamiliar de origen, “que derivan en situaciones no deseables pero que lamentablemente ocurren”, ha sentenciado la portavoz.
Estos centros buscan dar respuesta a la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
