La Confederación de Empresarios de Cuenca señala que, al aplazarse el debate sobre esta ley en el Parlamento, es una buena ocasión para tomar esta medida con el consenso de todos los agentes sociales.
CEOE CEPYME Cuenca reclama llegar a un acuerdo en lo referente a la reducción de jornada laboral, pues considera que sin duda es la mejor manera de abordar esta cuestión.
La Confederación de Empresarios de Cuenca hace esta demanda en un momento en el que se ha aplazado el debate en el Congreso de los Diputados sobre esta cuestión, pidiendo que se lleve una norma con el consenso de los agentes sociales.
En este sentido reclama el diálogo social, la capacidad de las organizaciones empresariales y los sindicatos de ponerse de acuerdo, huyendo de una norma que supondría un coste de 23.000 millones de euros si se aprueba.
En la misma línea, en la Asamblea de CEOE, el presidente, Antonio Garamendi, recordaba que en la negociación colectiva el 30% de los convenios ya recogen jornadas pactadas por debajo del límite establecido de las 37,5 horas.
Consecuencias
La Confederación de empresarios de Cuenca recuerda que esta reducción de jornada tendrá un grave impacto sobre la actividad económica y el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores del país.
CEOE CEPYME cuenca recuerda que el marco normativo es el convenio colectivo provincial de su sector, que establece jornadas anuales más elevadas que las establecidas en convenios de empresa, que pueden negociar jornadas menores a cambio de una productividad medible.
Desde CEOE CEPYME Cuenca, se ha defendido una reducción de jornada con medidas y periodos transitorios, que permitan la adaptación no traumática a aquellos sectores con jornadas anuales más amplias.
Entendemos que estas reglas de transitoriedad deben dejarse en manos de los negociados de los convenios colectivos y no tomarse de manera unilateral por parte de la administración.
Además, se plantean otros problemas como los nuevos requerimientos para el registro horario, que son de muy difícil cumplimiento, ya que no existe la infraestructura digital que se exige, ni todos los trabajadores cuentan con las competencias digitales que se piden.
