La Confederación de Empresarios de Cuenca lamenta que la nueva normativa tendrá un fuerte impacto en el sector que podría hacer desaparecer empresas y empleos, especialmente el comercio minorista.
La Confederación de Empresarios de Cuenca pide una regulación más eficaz de los residuos textiles, puesto que la nueva norma pone en riesgo empresas y empleos.
Así, el proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado, actualmente en fase de presentación de alegaciones, regulará la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) y plantea importantes implicaciones para la industria.
Pues bien, ante el impacto de esta normativa, CEPYME ha publicado el informe ‘Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles’ en el que concluye que no se trata de una herramienta eficaz de economía circular, sino un marco que transfiere costes económicos y administrativos al sector, sin generar beneficios ambientales reales.
Este informe combina datos actualizados, proyecciones hasta 2023 y un análisis comparativo con otros países para intentar alcanzar un sistema eficaz que impulse la circularidad, pero también sea viable para las pequeñas y medianas empresas.
Coste económico
El informe revela que coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor superaría los 400 euros/tonelada en comparación con la tarifa de referencia actual que está en 250 euros/tonelada, sin que se generen avances ambientales significativos.
Asimismo, señala que el incremento de costes tendría consecuencias graves para el tejido empresarial, un 15% del total, especialmente en el comercio minorista.
Desde este informe de CEPYME alertan que el resultado podría ser un proceso de desindustrialización que afectaría a un sector que supone el 2,9% del PIB español y que aportó 23.400 millones de euros en valor añadido bruto en 2023, con casi 55.000 empresas activas en toda la cadena de valor.
Por otro lado, este informe menciona un conjunto de obligaciones administrativas como registros, reportes, trazabilidad o espacio entiendas que multiplican por diez los costes burocráticos previstos por el propio Gobierno.
De este modo no se contribuye a mejorar la circularidad, pero sí se incrementan la complejidad de gestión, y se desvían recursos que podrían destinarse a innovación y proyectos sostenibles.
