La Confederación de Empresarios de Cuenca apoya el comunicado de CEOE y de CEPYME en el que critican la firma entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT sin contar con la representación de los empresarios.
CEOE CEPYME Cuenca lamenta que la firma de la reforma de la protección asistencial por desempleo entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se haya ignorado el diálogo social entre los agentes sociales.
La Confederación de Empresarios de Cuenca apoya el comunicado emitido por las organizaciones nacionales CEOE y CEPYME en el que recuerdan que no se había participado en este acto público porque no se ha producido una verdadera negociación en el marco del diálogo social.
En este sentido afirman que lo único que ha tenido lugar es un proceso de consulta y no se ha contado con la representación de los empresarios para poder llegar a un acuerdo.
De hecho, desde las organizaciones empresariales señalan que, tras el fracaso en la convalidación del Decreto Ley en el Congreso de los Diputados, no se ha recibido ninguna propuesta hasta el pasado 6 de mayo y dos días después se aprobó esta medida.
Sin memoria económica
CEOE y CEPYME reseña que esta propuesta aprobada carece de memoria económica, algo que consideran de especial gravedad en un momento en el que los Presupuestos Generales del Estado se encuentran prorrogados y dado el impacto económico de las medidas recogidas en este documento.
Por todo ello, desde las organizaciones empresariales nacionales consideran que esta firma responde más a una estrategia política, que a la voluntad de alcanzar un acuerdo real entre los agentes sociales,
Pese a todo, CEOE y CEPYME reiteran su apuesta por el diálogo social, así como la voluntad de negociación para seguir avanzando en los objetivos comunes que son la prosperidad económica, la creación de empleo, y el logro de las mayores cotas de bienestar para todos.
En este punto, CEOE CEPYME Cuenca y CECAM recuerdan que debe de respetarse la libertad de las partes y el derecho amparado en la constitución de que los agentes sociales defiendan los intereses que son propios.
