La coordinadora de Agentes Medioambientales de CCOO-FSC considera “impresentable e injustificable” la licitación por parte de la Consejería de Agricultura de un contrato para el seguimiento de aves esteparias en las zonas ZEPA y otras áreas importantes para estas especies en el territorio de CLM para las anualidades 2019-2023 “que le costará al contribuyente 633.968,66 euros.”
“Los Agentes Medioambientales tienen entre sus funciones reglamentarias las ‘Inventarios, censos y cartografía de recursos naturales: Cooperar en los trabajos de inventario, censo y cartografía de recursos naturales promovidos por la Consejería la de censar especies’, y hasta la fecha estos trabajos se vienen realizando por los funcionarios del Cuerpo de Agentes Medioambientales”, señala Ramón González, responsable del Sector Autonómico de CCOO-FSC CLM.
“Hemos de recordar que la consejería de Agricultura no solo cuenta con personal del Cuerpo de Agentes medioambientales, a los que desde el año 1999 se les exige titulación de técnico superior. Además, tiene un nutrido cuerpo de licenciados y diplomados expertos en estas materias, que procesan los datos de campo obtenidos por los agentes medioambientales, realizan las estadísticas y toman las decisiones de gestión necesarias para la conservación de estas especies. Por lo que la privatización de estos servicios tampoco tiene justificación técnica ni económica.”
“La realización de estos censos por parte del personal de la Junta, tanto en campo como el procesamiento de los datos, sale enormemente económica a la administración ya que los Agentes Medioambientales simultanean estos censos con las labores ordinarias de vigilancia que realizan y que se van a realizar de todos modos en sus funciones ordinarias por lo que el gasto en personal y combustible está hecho de antemano lo que reduce los costos en estos conceptos a cero euros para el contribuyente.”
“Además, la realización de estos censos de especies protegidas y altamente sensibles por los agentes medioambientales garantiza la intervención inmediata si se detecta alguna agresión para esta fauna, garantizando también la recogida y custodia de las pruebas ante la posibilidad de que la agresión suponga ilícito penal”.
“El consejero Martínez Arroyo no ha sido capaz de recuperar ni una sola de las 140 plazas de agentes medioambientales que eliminó Cospedal; y tampoco aprovecha los que tiene. Prefiere gastar el dinero de los contribuyentes en encargar a empresas privadas funciones que corresponden a los Agentes Medioambientales.”
