CCOO siempre ha defendido la necesidad de contar con un Centro de Estudios, como hizo constar en la fallida negociación del texto normativo de Ley de Cuerpos Penitenciarios, donde el personal penitenciario reciba toda la formación profesional que precisa para las complejas tareas que tiene que realizar durante la totalidad de su carrera profesional.
Para alcanzar esos objetivos era necesario contar con un centro formativo similar a los existentes en otros departamentos del Ministerio del Interior, cubriendo unas necesidades básicas, como son un espacio suficiente para dar formación todo el año, dotado con una plantilla estable de profesorado, y con medios para la residencia del personal desplazado para la formación, así como un programa de formación curricular para las diferentes categorías profesionales que permita la promoción y el desarrollo profesional del personal de prisiones.
CCOO considera una buena opción la ubicación del Centro de Estudios Penitenciarios en Cuenca, que se enmarca dentro de la política de descentralización del Estado, pero la ubicación de un servicio público del Estado no puede ser el fin en sí mismo, sino que debe responder a las necesidades del propio servicio público.
Instituciones Penitenciarias ha puesto más el acento en la propaganda del Centro de Estudios que en dotarlo de las infraestructuras y recursos básicos para que sea una realidad creíble.
Actualmente el Centro de Estudios no cuenta con ningún espacio propio para impartir las materias académicas, carece de infraestructura para alojamiento y manutención de alumnado que se vea obligado a desplazarse, no cuenta con plantilla propia, obligando con ello a cubrir gastos de desplazamiento y docencia del profesorado. Asimismo, tampoco cuenta con ningún plan de estudios homologado que dé carácter de formación reglada a la que se imparta al personal penitenciario.
En esta lamentable situación, fruto de la negligente gestión e improvisación de Instituciones Penitenciarias, se ha convocado el curso selectivo de formación con una duración de cinco semanas de la OEP 2020 del Cuerpo de Ayudantes, con 900 nuevas personas aspirantes a funcionarias y funcionarios de prisiones, muchos de los cuales en su primera actividad laboral.
Estas compañeras y compañeros serán los que paguen las consecuencias de la negligencia de Instituciones Penitenciarias por varias razones, además de las señaladas de dotación y logística del propio centro.
- Deben enfrentar un elevado gasto sobrevenido en el inicio de su actividad profesional, que muchos tienen dificultades para abordar, toda vez que la retribución que se les va a pagar no es la que les correspondería a su puesto, sino poco más de 800 euros.
- La falta de infraestructura obliga a dividir el grupo en dos tandas, lo que más adelante puede tener efectos negativos sobre algunos de ellos en su carrera profesional.
- La improvisación es total, no se informa a los funcionarios y funcionarias en prácticas hasta finales de febrero del grupo en el que irán, lo que impide cualquier planificación ordenada de su desplazamiento, con la consiguiente subida de precios de los alojamientos.
Estas consecuencias, que no quieren ver los gestores penitenciarios con su manifiesta incompetencia, son palpables y directas para el personal convocado. La mayoría ha conseguido acceder tras mucho esfuerzo en una oposición con miles de candidatos y candidatas.
Para CCOO, esta forma de actuar contra el personal en prácticas no es ninguna novedad, el maltrato contra las plantillas penitenciarias es recurrente, con las agresiones, con las retribuciones, con los expedientes disciplinarios, con el clientelismo y un largo etcétera que solo degrada un servicio público esencial.
El sindicato trabajará para obligar a Instituciones Penitenciarias a resarcir a este personal que se incorpora a un departamento con un elevado déficit de personal y que es recibido con un evidente maltrato para satisfacer necesidades ajenas a las del servicio público.
Esta y otras cuestiones relacionadas con derechos laborales, aplicación del IV Convenio Único, mejoras retributivas y una negociación colectiva real, han motivado que CCOO ponga en marcha una campaña de movilizaciones a partir del 27 de enero, bajo el lema ‘Nos sobran razones’.
