El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que los fondos públicos no irán a parar a las «ocurrencias» del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, unas actividades «que ya han sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional».
Así lo ha destacado Catalá en declaraciones a los medios, donde ha explicado cómo se encuentra la situación financiera de la Generalitat de Cataluña, siendo 8 mil millones de euros los que ésta tiene pendientes de pago de aquí a final de año.
Ante la negativa del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, de presentar al Ministerio de Hacienda el informe semanal de los gastos del Gobierno catalán, lo que ha hecho el Consejo de Ministros, según Catalá, «es pedir a Junqueras que esos 8 mil millones se queden en 4.500 y ésos son los que va a pagar el Estado».
Por tanto, ha añadido, será el Ministerio de Hacienda el que se hará cargo del pago de los servicios públicos en Cataluña. Un procedimiento «de gestión y de control económico», ha indicado, para garantizar que «el presupuesto público no se destina a financiar actividades ilegales».
Catalá ha alabado que Junqueras haya acudido al Tribunal Supremo a defender sus intereses aun cuando representa a un gobierno declarado «en rebeldía» y ha asegurado que «cuando hay un debate entre un gobierno u otro ahí están los tribunales para darle la razón a quien la tenga».
El Tribunal Supremo considera, ha apuntado el ministro, que la actuación del Gobierno es «coherente con las reglas de financiación autonómica» y que «ya rechazó adoptar medidas cautelares suspensivas de la decisión tomada por el Ministerio de Hacienda y en su día dictará la sentencia que corresponda».
