El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado este jueves un plan integral dotado con cuatro millones de euros para combatir la sobrepoblación de conejos de monte, que ya afecta al 42,8% del territorio regional. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presentado una batería de 18 medidas técnicas y preventivas orientadas a mitigar los graves daños que esta especie está provocando en las explotaciones agrarias y ecosistemas protegidos de los 364 municipios declarados en emergencia cinegética.
Entre las principales acciones de impacto directo sobre el terreno destaca la puesta en marcha de los nuevos Equipos de Control de Fauna (ECOFA), integrados por huroneros profesionales y equipos especializados de agentes medioambientales equipados con visores nocturnos y carabinas del calibre 22 y 17.
A nivel administrativo y económico, el Ejecutivo autonómico eliminará las penalizaciones de la PAC derivadas de los daños por conejos y por la retirada de majanos, además de garantizar que los agricultores con tres años consecutivos de partes a Agroseguro no sean excluidos del sistema. El plan se completa con ayudas directas de hasta el 70% para la instalación de protectores de cultivos y cerramientos, la autorización excepcional del uso de cajas trampa en las parcelas afectadas y la constitución de una ‘Mesa permanente del conejo de monte’ para coordinar estas actuaciones con todas las administraciones y organizaciones agrarias.
Este plan estratégico de cuatro millones de euros supone la respuesta directa de la Junta a la escalada de una crisis que lleva años asfixiando al campo castellanomanchego y que había tensionado enormemente la relación con el sector agrario. En enero de este mismo año, organizaciones como ASAJA CLM calificaban la declaración de comarca de emergencia cinegética como un instrumento «inútil e inservible», recordando que en la última década los municipios afectados habían pasado de 231 a los 360 actuales, lo que representa el 40% de los términos municipales de la región.
La magnitud del problema —que incluso llevó al PP a alertar en marzo sobre el riesgo para la continuidad de las explotaciones familiares y forzó a diputaciones como la de Cuenca a adelantar 500.000 euros en ayudas urgentes — ha obligado al Gobierno regional a cambiar el enfoque. La incorporación de tiradores nocturnos, la comercialización de la carne de conejo a través del convenio con ASICCAZA y, sobre todo, el fin de las temidas penalizaciones de la PAC, marcan un punto de inflexión. Se pasa así de un modelo basado casi exclusivamente en la flexibilización de permisos de caza, a una estrategia de intervención directa, tecnológica y económica asumida por la propia Administración para proteger la viabilidad de la agricultura regional.
