El Gobierno de Castilla-La Mancha dotará a los empleados y empleadas públicos de la Administración regional de un canal de alertas y denuncias que, garantizando la seguridad y el anonimato, permita denunciar posibles casos de abusos o corrupción de altos cargos u otras personas que trabajen para la Administración.
Así lo ha avanzado hoy el vicepresidente del Gobierno autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención en las IV Jornadas ‘Revista Gabilex’, que se celebran entre hoy y mañana en la Escuela de Administración Regional, ubicada en Toledo, organizadas por el Gabinete de los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Martínez Guijarro ha explicado que esta nueva herramienta, que tiene como objetivo proteger la figura de los alertadores de posibles represalias y se deriva de la entrada en vigor en diciembre de 2019 de la nueva Directiva Europea del Parlamento Europeo, estará en marcha a lo largo del próximo mes de diciembre.
Aunque esta directiva la tiene que trasponer el Gobierno de España a una Ley a nivel estatal, el Gobierno regional se anticipará modificando el Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades, asignando a la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y Participación de la Vicepresidencia la responsabilidad de poner en marcha dicho canal interno de alertas.
De esta forma, se garantizará la recepción segura de alertas que realicen los trabajadores y trabajadoras de la Administración autonómica y la confidencialidad de las mismas y su verificación, dando traslado al órgano competente en caso de que existan suficientes indicios de veracidad.
Magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos y expertos en el sector jurídico se dan cita en estas IV Jornadas para debatir sobre cuestiones de actualidad en los ámbitos penal, civil y administrativo. Participan además directores de Servicios Jurídicos como el de Extremadura y letrados y letradas de otras comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, La Rioja, Galicia, Cataluña o Madrid tanto presencial como telemática.
