El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la “flexibilidad” y “complementariedad” en el reparto de los fondos de cohesión para adecuarlos a las necesidades territoriales teniendo en cuenta especificidades geográficas, demográficas o estructurales.

El director general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Cruz Fernández Mariscal, que ha participado en el Comité de las Regiones (Bruselas) en la Conferencia de Miembros sobre el futuro de la Política de Cohesión después de 2020, ha señalado que la Unión Europea debe asegurar un presupuesto “adecuado” para la futura política de cohesión.

Un asunto “vital”, ha dicho el representante del Gobierno regional, puesto que determinará el futuro de los fondos europeos estructurales y la disponibilidad de los instrumentos financieros en España y, por tanto, también en Castilla-La Mancha.

Fernández Mariscal ha subrayado que los fondos de cohesión deben contribuir a apoyar iniciativas en el ámbito de la educación y la formación, reforzar los instrumentos en favor de las personas más necesitadas, incentivar la competitividad de las empresas y promover el desarrollo de energías limpias y eficientes; además de corregir los desequilibrios demográficos.

El director general ha abogado por las reforzar acciones de desarrollo local y las Inversiones Territoriales Integradas y ha solicitado en el Comité de las Regiones que se haga una mención especial para las ciudades Patrimonio de la Humanidad, como Toledo y Cuenca, con el fin de generar medidas concretas que puedan ayudar a su mantenimiento, conservación y conocimiento en toda la Unión Europea.

Iniciativas empresariales

Fernández Mariscal ha considerado además que debe reforzarse y extenderse el papel del Banco Europeo de Inversiones (BEI) como complemento a la acción de los fondos estructurales, con el objetivo de movilizar capital privado para promover inversiones en las regiones sin que compute como deuda pública.