El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, han participado hoy en la Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información y Audiovisual, donde han destacado la necesidad de que, en la gestión de los fondos europeos Next Generation, se apliquen criterios que contribuyan a la cohesión territorial y a la lucha contra la despoblación.
Durante el encuentro, que ha tenido lugar por videoconferencia, ambos responsables del Ejecutivo de Castilla-La Mancha han trasladado su postura respecto al reparto de estos recursos a la vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha abogado por definir “una ventanilla única” para la elección de proyectos susceptibles de financiación con cargo a estos recursos no solo en el ámbito público, sino también en el sector privado ante las numerosas propuestas presentadas por el tejido empresarial de Castilla-La Mancha.
Además, Ruiz Molina ha hecho hincapié en la necesidad de que con estos fondos se puedan corregir los desequilibrios entre territorios y en la oportunidad que puede suponer su utilización como elemento de cohesión territorial y para hacer frente al reto demográfico.
Por su parte, el consejero de Desarrollo Sostenible ha señalado que el Ejecutivo autonómico comparte el objetivo del Gobierno de España de extender las redes de telecomunicaciones para dotar de cobertura al cien por cien de la población, tanto en el despliegue del 5G, como de banda ancha ultrarrápida.
De hecho, en lo que respecta al despliegue de banda ancha móvil, ha solicitado que en el reparto de fondos entre las diferentes comunidades autónomas el Ministerio aplique criterios que midan la cobertura por núcleos de población “en pro de la equidad, para beneficiar a las zonas más despobladas”.
La Conferencia Sectorial de Telecomunicaciones, Sociedad de la Información y Audiovisual es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en materia de transformación digital, en particular en los ámbitos de las telecomunicaciones, las infraestructuras digitales o el despliegue de redes y servicios de comunicaciones electrónicas para garantizar la conectividad digital de la ciudadanía y las empresas. Puede ejercer funciones consultivas, decisorias o de cooperación, orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes en esta área.
