El Pleno de El Casar-Mesones aprobó por unanimidad en la tarde de ayer la reducción del coeficiente aplicable al valor catastral reduciendo así el valor de los terrenos sobre el que se calcula el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Dicho coeficiente pasará del 1 al 0,87, disminución de impuestos contemplada en los acuerdos de investidura firmados por Ciudadanos (C’s) con el Equipo de Gobierno.
Juan Gordillo, Portavoz de C’s en la localidad ha explicado que “esta medida, junto con la reducción del gravamen del IBI al 0,50 que se aprobó en noviembre, beneficiará directamente a los vecinos”. Ambas propuestas “regulan el impuesto que grava la vivienda, cada año tenemos que ajustar el tipo aplicable, dado que en El Casar se incrementa un 10% anual hasta 2020”, ha continuado Gordillo.
“Nuestro programa para el municipio abordaba este asunto con el objetivo de aliviar y mejorar la presión fiscal de nuestros vecinos y, por tanto, en beneficio del aumento del consumo e impulso económico”, ha explicado Juan Gordillo, “desde nuestros Ayuntamientos tenemos la capacidad de dar pasos en este sentido y, por ello, lo exigimos en los acuerdos de investidura firmados con el actual Equipo de Gobierno”.
En otro orden de cosas, el Grupo Municipal Ciudadanos (C’s) El Casar-Mesones ha apoyado una moción presentada por grupo Ahora El Casar en apoyo a los trabajadores de la empresa de limpieza Linorsa, contrata del Gobierno regional, que se encuentran en huelga por no haber percibido las nóminas durante cuantiosos meses. En el texto se insta al Ayuntamiento a exigir a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) a rescindir el contrato de servicios con Linorsa así como que dicha compañía abone las cantidades adeudadas con sus empleados. La moción fue enriquecida por Ciudadanos añadiendo que el pliego para una nueva contratación incluya una cláusula en la que se contemple la absorción de la actual plantilla.
Por último, cabe resaltar el apoyo de C’s y aprobación de una moción en defensa de las explotaciones agrícolas ecológicas y del mantenimiento de las subvenciones estipuladas en el Programa del Desarrollo del Marco Rural 2014-2020 y que se han visto mermadas en un 60% con la nueva administración regional.
