“Que las mujeres se incorporen en igualdad a la actividad agraria es una cuestión de justicia que debe promoverse a través de programas de formación, de sensibilización y de concienciación, así como promoviendo todas las formas de titularidad”.
Así lo ha señalado la diputada nacional por el PSOE de Cuenca, Gracia Canales, durante su intervención defendiendo la Proposición No de Ley relativa al impulso y promoción de la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, una iniciativa que ha salido adelante esta semana en el Congreso de los Diputados y que “llama a seguir trabajando para conseguir el reconocimiento pleno de las mujeres en el sector agrario”.
Canales ha explicado que la desigualdad que por motivo de género existe en la sociedad actual “se da también en el sector agrario, donde las mujeres están presentes en todas las fases, desde las labores agropecuarias hasta el trabajo en cooperativas y en todo tipo de industrias agroalimentarias, pero sin haberse producido su merecido reconocimiento en la mayoría de ocasiones e incluso invisibilizándolas”.
Los datos aportados por la parlamentaria socialista indican que sólo un 25% de la población ocupada en el sector agrario son mujeres y sólo un 26% son cooperativistas, además de que un escaso 1,6% ocupa el cargo de presidenta en su ámbito, “lo que demuestra que el techo de cristal aún existe en este sector”.
La citada normativa sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, impulsada por un Gobierno socialista, “fue un revulsivo en esta materia, ya que por primera vez se ponía de manifiesto la necesidad de poner en marcha el reconocimiento jurídico y económico de la participación de las mujeres en la actividad agraria”, ha explicado Gracia Canales.
Dicha ley tenía como objetivo principal constituir un factor de cambio de las estructuras agrarias, “potenciando una igualdad de derechos efectiva para las mujeres del medio rural con respecto de los hombres”. Es por ello que “tenemos la obligación de seguir impulsándola de forma decidida, algo que el Gobierno de España tiene claro”.
Durante su intervención, la diputada nacional ha hecho hincapié en el hecho de que “cuando se ponen en marcha medidas de discriminación positiva se produce un aumento de la presencia de mujeres en la titularidad de las explotaciones agrarias y en los consejos rectores de las cooperativas”.
Como ejemplo ha puesto el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, que ha visto la luz “gracias al compromiso del Gobierno de García-Page y a la inestimable colaboración de Fademur, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales”. Una normativa con la que se ha incrementado la presencia de mujeres en las explotaciones pasando de 37 en el año 2015 a 205 en este 2021, “aumentando también considerablemente la presencia en los consejos rectores debido, fundamentalmente, a la discriminación positiva que exige este Estatuto para la recepción de ayudas”.
