El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo ha aprobado este jueves, en sesión ordinaria, atender una petición de la Asociación Provincial de Autotaxis de Guadalajara, para que el municipio se integre en una nueva “zona de funcionamiento unitario” que está impulsando el sector.
El consistorio cabanillero respalda de este modo una petición formalmente presentada el pasado enero por los representantes del taxi a nivel provincial, y a la que también se han sumado los dos taxistas que tienen licencia municipal en Cabanillas. Se trataría de que estos vehículos de transporte público puedan funcionar recogiendo y dejando viajeros en todos los municipios adheridos al proyecto, independientemente de la localidad de la que parte su licencia municipal. Se quiere atender con ello a los criterios de “interacción e influencia recíproca” entre los municipios de la zona que determina la Ley para aprobar este tipo de proyectos.
Esta “área conjunta” incluiría a los principales municipios de la comarca, algunos estrechamente vinculados con Cabanillas, como Azuqueca, Marchamalo, Alovera, Quer, Torrejón del Rey, Yebes u Horche; y también a pueblos algo más alejados, como Tórtola, Tendilla, Sacedón, Budia o Loranca, entre otros. Hay que señalar que el proyecto de creación de una zona de funcionamiento unitario de los taxis provinciales está no obstante a expensas de una autorización regional, una vez se pronuncien los ayuntamientos de todos los municipios interesados. Hay que reseñar además que esta “zona única” no incluirá a Guadalajara capital. El punto ha salido adelante con el apoyo de todos los concejales de la corporación, y cuenta con informe favorable de la Intervención municipal.
Central de Contrataciones
También sin oposición se ha aprobado la adhesión de Cabanillas del Campo al “acuerdo marco” de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la contratación del suministro de electricidad en la localidad. E, íntimamente relacionado con este punto, la adhesión también de la localidad a la Central de Contratación del Estado.
Estas dos adhesiones conllevan un cambio notable en los mecanismos de contratación de bienes y servicios en el Ayuntamiento. Se trata de una modificación en el funcionamiento ordinario del consistorio que viene determinada por la reciente entrada en vigor de una nueva Ley de Contratación aprobada por el Gobierno central. Así, esta nueva Ley obliga a que absolutamente todos los suministros de los ayuntamientos se realicen a través de procedimientos previos de contratación. De este modo, ya no se permitirá la adquisición de bienes o servicios en cualquier comercio o proveedor, para justificarlos con la posterior presentación de factura, ni aunque se trate de cuantías pequeñas (dado que los grandes contratos ya estaban obligados a tener su propio procedimiento concursal).
Tanto el alcalde, José García Salinas, como los portavoces de IU y VxC, Manuel Gallego y Mario Calderón, han mostrado discrepancias con la situación que se genera con la nueva Ley, pues consideran que perjudica esencialmente a los pequeños comercios locales, así como a la propia agilidad de las compras municipales. No obstante, todos han asumido que para poder cumplir con la legalidad lo más viable en estos momentos es la adhesión a las citadas centrales de contratación. “Nuestro Ayuntamiento, con su personal actual, y con la imposibilidad legal de reforzarlo en estos momentos, no tiene capacidad de realizar procedimientos de concurso de todos y cada uno de los suministros que se realizan”, se lamentaba el alcalde y portavoz del Grupo Socialista, José García Salinas. “Lamentablemente, no podemos hacer pliegos de todos los contratos, y hasta que no podamos, asumimos esta situación”, decía por su parte el portavoz de IU. En la misma línea se manifestaba también Mario Calderón, de Vecinos por Cabanillas, quien ha calificado la adhesión a estas dos centrales como “mal menor que no queda otro remedio que asumir”. Por su parte, el portavoz del PP, Jaime Celada, se ha mostrado completamente a favor de la medida, sin mayores matizaciones, por lo que los dos puntos han salido adelante por unanimidad.
El Pleno pide la dimisión de dos concejales del PP
Finalmente, cabe reseñar que el Pleno ha aprobado, con los votos de IU, PSOE, Vecinos por Cabanillas, y la oposición del PP, una moción presentada por Izquierda Unida, en la que se pide a dos concejales del Grupo Popular -en concreto Jaime Celada y Estela Iturregui- que presenten su dimisión de la corporación y pidan públicas disculpas a la comunidad educativa del municipio, y al maestro de Cabanillas Ángel Renieblas.
IU presenta esta moción unas semanas después de que el Tribunal Constitucional haya dictado una sentencia decretando que la sanción que en 2012 tuvo que asumir Ángel Renieblas, y que le impuso el anterior Gobierno Regional (por informar a sus alumnos y a sus padres de las razones por las que iba a secundar una huelga) no se ajustó a derecho, y vulneró sus derechos constitucionales.
El portavoz de IU ha justificado su petición de dimisión para Iturregui y Celada en que la actual concejala de la oposición fue la persona que denunció inicialmente a Renieblas ante la Administración Regional, cuando era la edil responsable de Educación. Mientras, en aquellos momentos Celada era el alcalde de la localidad. “El fallo del TC ha puesto de manifiesto el acoso que hicieron ustedes hacia nuestro compañero Ángel Renieblas -quien además de maestro en la localidad es dirigente de IU en Cabanillas- por razones ideológicas, así como también hizo la entonces directora provincial de Educación, Violeta de Miguel. Actuaron como juez y parte, y realizaron una persecución por motivos ideológicos”. Hay que recordar que por aquellos hechos Renieblas tuvo que padecer una sanción de un mes sin empleo ni sueldo, en contra del criterio que defendieron incluso dos informes de la Inspección Educativa, que no detectaron ilegalidad alguna. En este sentido, Manuel Gallego ha insistido en la necesidad de que ambos concejales del PP se disculparan públicamente con Renieblas y con la comunidad escolar.
En nombre del PP, Jaime Celada se ha negado a realizar la petición de disculpas, y ha rechazado la moción, alegando que los concejales populares no denunciaron al maestro en cuestión, sino que se limitaron “a dar traslado a la Administración competente, la regional, de una queja que nos llegó de los padres de los alumnos”. Celada ha exigido a IU que retirara la moción, y ha asegurado que emprenderán acciones legales contra sus impulsores, por considerar que en ella se realizan acusaciones falsas. “Podría entender que tras la sentencia del TC ustedes presentaran una moción de apoyo a Ángel Renieblas, pero no una en la que se nos acusa a nosotros de hacer algo que no hicimos. Están tratando de politizar este asunto, en el que nosotros nunca hemos entrado”, manifestaba el portavoz del Grupo Popular.
El edil de IU se ha negado a retirar la moción, y ha desmentido la versión de los populares, recordando que la propia sentencia firme del Tribunal Constitucional dice literalmente en su redacción que fue Estela Iturregui, como concejala de Educación, quien presentó la citada denuncia. Celada ha reconocido por su parte que no ha leído la sentencia: “Es que me es completamente indiferente, y ni mi apena ni me alegra, porque no hemos tenido nada que ver en este caso”, argumentaba.
Por su parte, tanto PSOE como VxC han respaldado la interpretación de lo sucedido en la línea que IU, y han votado a favor de la moción.
