Castila-La Mancha aprobará el próximo año una iniciativa legislativa, que trasladará al Congreso de los Diputados, instando al Gobierno de España a retomar los planes hidrológicos de cuenca y a priorizar el aprovechamiento de todas las desalinizadoras instaladas en el Levante.
Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, en la firma del convenio entre el Gobierno regional y la Diputación provincial de Ciudad Real gracias al que se acometerán mejoras en 500 kilómetros de caminos rurales de los 102 municipios y 3 EATIMs de la provincia por valor de 9 millones de euros; un acto en el que también han participado, entre otros, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; y la delegada provincial del Ejecutivo autonómico en la provincia, Carmen Teresa Olmedo.
El presidente de Castilla-La Mancha, que ha calificado de “insufrible” la actitud del Ministerio de Agricultura para con la situación de sequía que atraviesan las cuencas hidrográficas de la región, ha adelantado que esta iniciativa legislativa pedirá, entre otros, “que se usen primero” el cien por cien de las desalinizadoras instaladas años atrás en las regiones del Levante y cuyo parón “ha sido un atropello inconcebible”, a razón de la inversión millonaria que se destinó a ellas.
García-Page se ha mostrado convencido de que en materia de agua se acabará imponiendo “la naturaleza, la racionalidad y las directivas europeas” en la legislación nacional, aunque también ha adelantado que, en tanto no se alcanza un acuerdo nacional en materia hídrica, el Gobierno regional seguirá defendiendo los derechos de Castilla-La Mancha, tanto a través de esta iniciativa legislativa como recurriendo todos los trasvases ilegales que se produzcan y aportando soluciones técnicas, en paralelo.
En este sentido, ha lamentado los elogios y “aplausos” que recibía el anterior Ejecutivo regional por parte de las asociaciones de regantes de las regiones del Levante, lo que pone de manifiesto, en palabras de García-Page, “la traición” que se produjo durante la anterior legislatura para los intereses de nuestra comunidad autónoma en materia de agua.
Sistema de financiación autonómica
El presidente del Ejecutivo autonómico ha exigido asimismo al Gobierno central que agilice la reforma del sistema de financiación autonómica y ha reclamado un modelo en el que se diferencien las competencias compartidas por todas las comunidades autónomas –caso de la sanidad, la educación y las prestaciones sociales- y aquellas de ámbito exclusivo –caso de la justicia o de los cuerpos de policía autonómicos-.
La “dilación”, por un motivo u otro, ha advertido García-Page, podría terminar generando “más problemas” en el conjunto de las autonomías que, ha recalcado, se encuentran “infrafinanciadas” a la hora de hacer frente a los servicios públicos esenciales.
Del mismo modo, ha rechazado postergar el debate, “que debería haberse resuelto hace dos años”, sea por una u otra razón –en referencia a la situación política en Cataluña y la cita electoral del 21 de diciembre- ya que esto supondría una manera de “seguir atacando” a la sanidad, la educación y los servicios sociales que gestionan las regiones.
“Entiendo que Cataluña quiera mejorar su financiación pero la financiación de Castilla-La Mancha no se va a decidir en Cataluña ni en sus elecciones”, ha remarcado el presidente regional para quien es “indispensable” abordar cuanto antes el debate de la reforma del sistema de financiación autonómico que “me gustaría que fuera nacional”.
Encarar la modificación del actual sistema significaría además, tal y como ha subrayado García-Page, no dar pábulo a quienes piensan que el debate de fondo es de sentimientos por euros. “Si alguien está en esta tesis, aquí también sentimos y necesitamos”, ha enfatizado el presidente de Castilla-La Mancha.
García-Page ha hecho hincapié en que, en España existen muchas “singularidades” en el actual sistema –en referencia a Madrid, Ceuta y Melilla, Islas Canarias, País Vasco y Navarra- pero ha rechazado que el modelo necesario sea el del “cuponazo” ya que, “si cada uno tiene un cupo, falla el cupo general”.
