Biosec Innova, empresa afincada en el municipio de Torrejón del Rey (Guadalajara), que realiza todo el proceso de gestión de residuos plásticos para empresas: recogida, transporte y tratamiento de residuos, ha interpuesto una denuncia contra la Sociedad Levantina y Asociados de Minerales por incumplimiento del contrato de arrendamiento con opción a compra de una finca con un complejo de naves y oficinas en el mismo municipio para poner una fábrica de reciclaje.

Biosec Innova denuncia por incumplimiento de contrato a la Sociedad Levantina y Asociados de Minerales
La empresa de gestión de residuos no puede iniciar su actividad debido a las múltiples deficiencias y cargas urbanísticas ocultas detectadas en la finca por parte del Ayuntamiento

Antonio María Luna Lema, abogado del despacho de abogados Feldmans & Murdock Abogados y de Biosec Innova considera que “estamos ante un claro caso de delito de estafa, ya que, en el contrato de arrendamiento con opción a compra, no viene reflejada ninguna de las deficiencias o cargas urbanísticas”, alegando que su representado se ha enterado a posteriori de la firma del contrato y una vez realizados los pagos y ejercido la opción de compra de la finca.

En declaraciones, Luna indica que “la empresa denunciada no atiende a las reclamaciones extrajudiciales de mi representado, y esto le está causando un gran perjuicio económico”, además explica que “va a perder toda la inversión económica en compras de maquinarias y solicitudes de permiso y licencias de actividad, así como el gran perjuicio que causa a la comarca porque Biosec Innova tenía previsto crear unos 50 puestos de trabajo a corto plazo y se esperaba superar los 100 puestos de trabajo en un futuro”.

Los hechos en que se funda la acción penal son la firma del contrato de arrendamiento con opción a compra con fecha 9 de noviembre de 2018 cuyo objeto del contrato es la Parcela Industrial ubicada en Ctra. Galápagos, nº63, CP 19174 de Torrejón del Rey de 106.460,45 m2, en la que se sitúa un complejo de naves industriales y oficinas con una superficie construida aproximada de 11.334 m2.

Una vez firmado el contrato, el arrendatario al querer adecuar las instalaciones de la finca a la actividad que quería llevar a cabo, se entera de que la finca tiene deficiencias y cargas urbanísticas ocultas que no le fueron informadas en la firma del contrato de arrendamiento con opción a compra.

Entre estas deficiencias se encuentran la falta de proyecto y legalización del complejo, Levantina en el contrato de arrendamiento habla de un complejo de naves industriales y oficinas, pero el complejo no se encuentra legalmente registrado e inscrito y no dispone de las licencias de obras definitivas. Igualmente, dentro del plan parcial aparece diseñada la construcción obligatoria de una calle para darle acceso a una parcela de propiedad municipal de uso público y no la ha construido Levantina, siendo esto una carga urbanística oculta que no quedó reflejada en el contrato.

También se encuentra la falta de suministro de agua en la finca, la nave no dispone de suministro de agua potable, falta de instalación de red de alcantarillado y tubería de evacuación de aguas potables y residuales, mala delimitación de la parcela, construcciones ilegales en la finca. Además, al abandonar las instalaciones Levantina dejó en la parte trasera de la finca un pozo de lodos a consecuencia de su actividad.

 
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