El juicio penal al que debían enfrentarse los ediles de Ahora Guadalajara José Morales y Susana Martínez por participar en dos acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en julio y agosto de 2016 ha sido archivado. En el proceso se pedía “responsabilidad criminal” para los ediles y 11 personas más, entre las que se encuentra el que también fuera concejal de la formación en ese momento José María Gil.
a una posible “responsabilidad criminal” por participar en dos acciones pacíficas
de la PAH en julio y agosto de 2016
Tal y como informaron en comparecencia pública los ediles de Ahora Guadalajara y miembros de la PAH el pasado mes de noviembre, los hechos se remontan a julio y agosto de 2016 en una sucursal de Caja Duero de la capital, cuando el colectivo intentó impedir por medio de “una acción pacífica” que el banco “desahuciara a una madre y a su hija”, según afirmaron en su día representantes de la PAH.
El juicio venía motivado por una pegada de pegatinas en la fachada de la sucursal con unos gastos de limpieza posteriores de 46€ según la denuncia interpuesta. La vista, que debía haberse celebrado ayer miércoles 24 tras aplazarse previamente en noviembre, fue suspendida. Finalmente se ha acordado el sobreseimiento libre, el archivo de las diligencias y se declara extinguida la responsabilidad criminal de todas las personas denunciadas.
Un proceso “desproporcionado” y plagado de irregularidades
Como ya expusieron en su día representantes de la PAH, de la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG) y los propios ediles de Ahora Guadalajara, el proceso ha estado plagado de irregularidades. De entrada, para la primera vista –prevista para el pasado 23 de noviembre, siendo finalmente aplazada al día de ayer– no se citó ni al 50% de las personas denunciadas y a las que sí se citó, se hizo con 24 o 48 horas de antelación. Y eso que a los denunciados se les informaba que podían presentar testigos al juicio avisando con una “antelación mínima de diez días al día de la vista”, según recoge literalmente la cédula de citación. Otro caso flagrante es el que se concreta en la situación de Susana Martínez: la edil de Ahora Guadalajara no recibió nunca ningún tipo de notificación para acudir a las vistas, pese a tener su dirección actualizada y ser una de las personas denunciadas.
Martínez, irregularidades aparte, denuncia que el caso ha sido totalmente “desproporcionado”, e insiste en que se está intentado “criminalizar la acción conjunta y solidaria de vecinas y vecinos de Guadalajara, y de determinados colectivos”. El portavoz de Ahora Guadalajara, José Morales, se expresa en esa misma línea: “Aunque el caso ha sido archivado, no podemos olvidar que 13 ciudadanas y ciudadanos de Guadalajara hemos sido denunciados penalmente por acompañar una acción pacífica de la PAH”. Además, Morales recuerda que el juzgado que ha tramitado el proceso es el de Instrucción número 2, “el encargado de los casos de violencia machista, al que hemos estado cargando de trabajo con un proceso que, como se ha visto, era desde el inicio desproporcionado y poco menos que absurdo, pues lo único claro es que hubo gente y se pegaron pegatinas, pero en la denuncia no se concretaba nada más”.
Por último, desde Ahora Guadalajara insisten en que “desde nuestra condición de concejales y concejalas vamos a seguir apoyando y acompañando, aunque a algunos no les guste, a colectivos como la PAH que demandan derechos básicos”, explica Martínez. “Nuestro deber es seguir acompañando a quienes están en la calle defendiendo derechos fundamentales”, zanja por su parte el portavoz de Ahora Guadalajara.
