El Juzgado de Instrucción nº3 de Guadalajara ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa penal abierta iniciada por el Cuerpo Nacional de Policía al reconocer que los 22 activistas «estaban en el ejercicio de sus derechos fundamentales de reunión, expresión y manifestación sin observar ningún tipo de daño ni intención de atentar contra la paz pública» tal y como pretendía el atestado.
De esta manera, se pone fin al proceso que se inició con el desahucio perpetrado el día 22 de octubre de 2018, en contra de un mandato explícito de la ONU en el caso de Safira Sánchez, en el que la PAH Guadalajara se concentró en la puerta de la vivienda con la intención de paralizarlo y que conllevó el desalojo por la fuerza de la afectada por los agentes antidisturbios y la posterior denuncia policial, en la que se sostenía que los activistas habían cometido «actos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad», delitos que conllevaban hasta cuatro años de prisión para los denunciados.
De esta manera, el auto reconoce que la PAH de Guadalajara ejerció ese día el derecho de reunión, expresión y manifestación «como último recurso» al interponerse entre la comisión judicial, acompañada ese día de más de 30 agentes antidisturbios, para evitar desalojos que incumplen el derecho a la vivienda digna.
De hecho, la Plataforma ha convocado el próximo 12 noviembre otra concentración en el Barrio del Alamín, en el que están instados tres desahucios, con la coincidencia que igual que en el caso de Safira, ahora es el PSOE el que gobierna el Ayuntamiento de Guadalajara y el que se niega a cumplir una moción que el propio grupo socialista promovió cuando estaba en la oposición y que abogaba por la efectiva cesión a la Junta de Castilla-La Mancha de las viviendas de Operación Alamín y la paralización de los desahucios en este barrio.
Al mismo tiempo, y con fecha 11 de octubre de 2019 por medio de notificación a las partes, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU acaba de sancionar al Estado Español por incumplimiento grave en el desahucio de Safira Sánchez al violar la medida provisional acordada en septiembre de 2018, donde se instaba a España a proporcionar una vivienda alternativa a la afectada o a paralizar el desahucio.
Se confirma así la denuncia que desde la PAH de Guadalajara se viene reiterando desde que se tuvo conocimiento de este desahucio, donde hemos manifestado los reiterados incumplimientos en materia social practicados desde la Junta de Castilla-La Mancha, bajo el gobierno de PSOE, así como las prácticas dañinas contra los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, ya en este caso ofreció medidas inadmisibles que no garantizaban el acceso a vivienda digna de la afectada.
