“Desde el Partido Popular consideramos que los cuidados paliativos deben ser una prestación básica, fundamental, un derecho frente al sufrimiento, que tiene que llegar a todos, en todas partes, con todos los medios y con la mayor calidad”, ha afirmado Antonio Román, portavoz en la Ley Orgánica de Regulación de la Ley de Eutanasia; que se ha debatido hoy en la Comisión de Justicia del Senado. “Creemos en aliviar el sufrimiento de la persona, no en eliminar al que sufre” ha añadido.
Así, Antonio Román ha explicado la posición del GPP en el veto a la Ley de Eutanasia. “La ley trata de introducir el derecho a la muerte provocada de modo intencionado, a petición de la persona y realizada por un profesional sanitario como ejecutor obligatorio de esa acción, que se incluye como una prestación del SNS y con la consideración de acto médico (en contra de la deontología profesional) que impide matar a otra persona, aunque esta lo solicitara”, ha explicado. “No existe un derecho a la eutanasia, ni al suicidio”, y ha reconocido, durante su intervención, que es un tema complejo y con visiones diferentes que no la convierten en una cuestión de partidos, ni de ideologías; que afecta al derecho a la vida que consagra la Constitución. “Se acaban el resto de los derechos que se recogen en la misma”, ha asegurado y ha advertido que “la ley no conseguirá una sociedad mejor, sino que aumentará la desconfianza y la vulnerabilidad de los más débiles”.
HURTAR EL DEBATE
El senador considera que el Gobierno ha elegido la fórmula para presentar la eutanasia como proposición de ley y no como proyecto de ley, para hurtar el debate, el debate social y participativo y no incluir los informes del Consejo de Estado, del Comité de Bioética de España, las Organizaciones Profesionales, las sociedades Científicas de Cuidados Paliativos, o la Sociedad Española de Psiquiatría, entre otras. “Han tratado de silenciar a quién debía informar”.
Así mismo, considera que la presentación de esta iniciativa es “inoportuna al no tener un respaldo social basado en estudios sociológicos concretos”. “Todos queremos tener una vida digna, también en su proceso final y nos
gustaría no sufrir en ningún momento y, seguramente, si nos dan a elegir entre morir sin sufrimiento o con sufrimiento, todos elegimos hacerlo sin sufrimiento”, ha apostillado.
“Defendemos los derechos humanos y creo en una sociedad humanista en toda la extensión del término, comprendo y padezco con el vulnerable, con el que sufre, con el que se considera una carga para la familia o la sociedad, con el que, desde un vacío existencial, desea dejar de existir”, ha dicho, en nombre de su Grupo, que considera que esta Ley abocará al débil, al enfermo, al vulnerable a la muerte prematura y no a mitigar su sufrimiento existencial, su dolor físico o su angustia vital. “Esto nos lleva a rechazar una Ley de muerte y a apoyar la vida digna. No existe la muerte digna, existe la vida digna”, ha asegurado con rotundidad.
ESTIGMATIZAR AL MÉDICO
Otro de los puntos que el portavoz popular ha tratado durante su intervención, ha sido la estigmatización que se hace en la ley del objetor de conciencia y su inclusión en un Registro que puede dar lugar, en su opinión, a una discriminación laboral. ”Puede perjudicar al profesional médico que actúa de acuerdo a la deontología profesional”, ha remarcado.
Además, ha mostrado el desacuerdo de su Grupo con la discriminación a los discapacitados en la ley, al incluir una definición que evoca a las personas con capacidades diferentes, los encuadra como personas con diferentes derechos los señala para la eutanasia. Considera que con esta ley se retroceden 70 años en materia de igualdad de las personas con capacidades diferentes: “Esta ley abocará al débil, al enfermo, al vulnerable a la muerte prematura y no a mitigar su sufrimiento existencial, su dolor físico o su angustia vital”.
DUDAS SOBRE EL ENCAJE CONSTITUCIONAL
Antonio Román ha criticado que el Gobierno haya tramitado esta ley “en plena pandemia porque tienen dudas sobre su encaje jurídico constitucional, de forma poco reflexiva y apresurada, tratándose de un tema de calado, de alta sensibilidad y controversia”; y acusa al Gobierno de, pasar de considerar la eutanasia y el suicidio asistido como un ilícito penal, a considerarlo un derecho individual, un derecho fundamental sin ser recogido en la Constitución. “¿Por qué no lo abordan con una reforma constitucional que establezca el derecho a la eutanasia o derecho a la muerte autodeterminada?”, ha preguntado.
“La libertad de la persona y la autonomía personal no pueden estar por encima del Derecho fundamental a la Vida. Es más, si no hay vida no hay libertad ni autonomía personal”, ha sentenciado. “Me temo que no va a haber límites con esta ley”, ha lamentado el senador y ha añadido “que se abre la conocida pendiente resbaladiza, como ocurrió en Holanda, porque como ha explicado, no se limita sólo a los españoles o residentes, con lo que podría abrirse al turismo eutanásico”.
“Creo que hay muchas dudas sobre su encaje en nuestra Carta Magna”, y ha finalizado su intervención insistiendo en la posición del PP de aliviar el sufrimiento de la persona enferma y no de eliminar al que sufre.
