La Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad, formada por los sindicatos ANPE y SATSE, denuncia el proceso de estigmatización al que se está sometiendo a los docentes y sanitarios de Castilla-La Mancha, al igual que al resto de funcionarios de la región,  siendo los únicos que sufren una reducción salarial cuando se encuentran en situación de baja médica.

ANPE y SATSE denuncian la discriminación de los docentes y sanitarios de la región frente al resto de comunidades respecto a la incapacidad temporalLos sindicatos mayoritarios de Educación y Sanidad (ANPE y SATSE) advierten que Castilla-La Mancha es la única comunidad que deduce haberes a docentes y sanitarios en situación de incapacidad temporal, ya que el resto de comunidades autónomas lo han regulado, incluso para recuperar retroactivamente lo injustamente retraído en la nómina.

El Real Decreto-Ley 20/2012 castigó a los funcionarios públicos por estar enfermos, al establecer una reducción de salario por baja médica no derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Con esta ley, se sigue aplicando la detracción del 50% de las retribuciones durante los tres primeros días de baja y el 25% de las retribuciones entre el cuarto y el vigésimo día.

En Castilla-La Mancha, el gobierno regional fue más allá con ese castigo y reguló para sus funcionarios condiciones más gravosas. Así, los docentes y sanitarios en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes no percibieron retribución alguna en los tres primeros días de su baja, solo un 60% de la retribuciones del 4º al 10º día y el 75% del 11º al 20º día, sin acogerse a los márgenes de mejora permitidos por el RD-Ley, a pesar de las peticiones de los empleados públicos y de las miles de firmas recogidas a instancias, entre otros, de la Federación de Sindicatos de Enseñanza y Sanidad FSES (ANPE y SATSE).

Tras 6 años con esta injusta medida, la Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, dispone que cada Administración Pública podrá determinar, previa negociación colectiva, las retribuciones a percibir por el personal a su servicio o al de los organismos y entidades públicas dependientes, en situación de incapacidad temporal, lo que ha supuesto que todas las comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, hayan regulado  las situaciones de incapacidad temporal de sus funcionarios públicos, para percibir el 100% de las retribuciones desde el primer día de baja.

La Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad exige el cese de esta injusta y discriminatoria medida, pues no se puede tratar de forma desigual a los docentes y sanitarios por el mero hecho de trabajar en Castilla-La Mancha, y solicita al gobierno regional la regulación del fin de la deducción de haberes en situaciones de baja médica.