Se cumple la premisa de nuevo gobierno con nueva ley educativa sin consenso previo. Una vez más nos vemos abocados a discutir sobre un nuevo anteproyecto que no viene precedido de un acuerdo básico o un pacto de estado que hubiera servido para sentar las bases de lo que debe ser una reforma profunda y global del sistema educativo.
Esta nueva propuesta del Ministerio se incrusta en el texto de la antigua LOE para modificar y derogar aspectos de la LOMCE. Es una técnica jurídica compleja que dificultará enormemente la comprensión y la aplicación de la ley que pretende modificar.
Con independencia de que cualquier gobierno tiene legitimidad para abordar una reforma educativa, se observa en el preámbulo, en su exposición de motivos, que el texto está lleno de juicios valorativos innecesarios sobre la ley que pretenden modificar. Esto no ayuda a buscar ningún tipo de consenso sobre los aspectos que se quieren reformar.
En relación con el fondo, el anteproyecto nos ofrece una visión muy parcial y sesgada sobre los verdaderos retos y desafíos a los que se tienen que enfrentar el sistema educativo. Solo se abordan determinados aspectos mínimos de la ordenación académica sin modificar la estructura y el modelo de nuestro sistema educativo, en definitiva, es una vuelta a la LOE incluso a la LOGSE.
Sin perjuicio que el nuevo texto incluya alguna mejora de algunos artículos, en otros se manifiesta un retroceso como, por ejemplo, la ausencia de evaluaciones censales (nunca reválidas) apostando por evaluaciones muestrales al final de los ciclos. Se ha perdido una oportunidad importante de haber incluido un Bachillerato de tres años para todo el alumnado y seguiremos con un Bachillerato de sólo dos cursos, aunque se abre la posibilidad de que los que tengan dificultades puedan causar tres años.
ANPE mantiene su absoluto desacuerdo con que se obtenga un título como es el del Bachillerato, con alguna asignatura suspensa, ni siquiera en los supuestos excepcionales que incluye la norma. El mensaje que se transmite al profesorado y al alumnado es muy desmotivador, ahondando en la idea de la devaluación del mérito y del esfuerzo en unas enseñanzas que son postobligatorias.
Esta reforma tan parcial no aborda el problema de la desvertebración educativa que nos hubiera permitido la definición de los contenidos básicos y comunes, la regulación y el derecho del castellano haciéndolo compatible con las demás lenguas vernáculas, la propia regulación de los cuerpos docentes; en definitiva, regular un marco competencial básico en el que estén perfectamente definidas las atribuciones del Estado y las de las CCAA, para que no se resienta el principio de igualdad y de cohesión social en todo el territorio nacional. Tampoco se contempla una ley de financiación que acompañe al texto para evitar desigualdades en su aplicación en los distintos territorios
Y finalmente, la ley no aborda la situación del profesorado y su futuro profesional con todo lo que ello conlleva, el diseño de la profesión docente y un estatuto del profesorado.
ANPE exige que cualquier reforma educativa debe venir precedida de un acuerdo básico, que dada la configuración del estado tiene que ser político, social y territorial y, en cualquier caso, una vez paralizada la ley anterior y modificados sus aspectos más controvertidos, no se dan las condiciones de urgencia e inmediatez para acometer una reforma parcial tan precipitada.
