Amnistía Internacional ha enviado una carta al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con motivo de su viaje a Emiratos Árabes Unidos (EAU) para promocionar la región en la ‘Expo Dubái 2020’ y establecer nuevos lazos comerciales.
Aprovechando esta ocasión, la organización ha presentado a García-Page sus principales observaciones y preocupaciones sobre la situación de los derechos humanos en el país, y le ha pedido que el gobierno autonómico influya positivamente al respecto durante su viaje en sus eventuales reuniones con las autoridades.
Según el último informe anual de Amnistía Internacional, a finales de 2020 seguían encarcelados en Emiratos Árabes Unidos (EAU) más de 20 presos de conciencia, entre ellos el conocido defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor, por quien la organización de derechos humanos pide a García-Page que interceda.
Mansoor cumple actualmente una pena de 10 años de prisión tras haber sido injustamente condenado en mayo de 2018 por el delito de “insultar la categoría y el prestigio de Emiratos Árabes Unidos y sus símbolos, incluidos sus líderes” en relación con su activismo pacífico de derechos humanos, que incluye publicaciones en las redes sociales. Más de 60 organizaciones de la sociedad civil, escritores y galardonados con el Premio Nobel han pedido a las autoridades de Emiratos Árabes Unidos que liberen a Mansoor y otros defensores y defensoras de los derechos humanos. Mansoor permanece recluido en régimen de aislamiento en un ala de la prisión de Al Sadr, en Abu Dabi, en condiciones terribles. Desde su reclusión hace más de cuatro años, el 20 de marzo de 2017, sólo le han permitido salir de su pequeña celda para unas pocas visitas familiares, y únicamente una vez le han permitido salir al exterior a tomar aire fresco en el patio de ejercicio de la prisión. Como protesta, ha mantenido dos huelgas de hambre que han dañado seriamente su salud.
Además, Amnistía Internacional denunciaba en su último informe que el Estado continuaba restringiendo la libertad de expresión y tomó medidas para silenciar a personas de ciudadanía emiratí o residentes en el país que expresaban opiniones críticas sobre la COVID-19 y otras cuestiones sociales y políticas. Varias personas seguían en prisión sin justificación legal tras haber cumplido su condena. Un tribunal de Reino Unido determinó que el jefe del gobierno, Mohamed bin Rashid al Maktum, había secuestrado y privado de libertad a dos de sus hijas.
Las autoridades emiratíes siguieron prohibiendo la oposición política y encarcelando a sus miembros. Continuaban cumpliendo penas de prisión decenas de emiratíes por el denominado caso de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”, juicio colectivo contra 94 personas que había concluido en 2013 con 69 de ellas declaradas culpables de tratar de cambiar el sistema de gobierno.
En febrero de 2020, EAU anunció la finalización de su “retirada militar escalonada” de Yemen después de haber coliderado durante cinco años la coalición beligerante en el conflicto armado; no obstante, siguió desviando ilícitamente armas y equipo militar a las milicias de este país. En Libia, el gobierno emiratí proporcionó armas al autoproclamado Ejército Nacional Libio, infringiendo un embargo de la ONU, y utilizó drones militares en el espacio aéreo libio que, en algunos casos, causaron la muerte de personas que no participaban directamente en las hostilidades.
Amnistía Internacional concluye su carta solicitando al Presidente de Castilla-La Mancha que pida a las autoridades de EAU, además de la liberación del defensor de derechos humanos emiratí Ahmed Mansoor, el fin a las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el conflicto de Yemen, respetando a la población civil y no desviando armas al conflicto de Libia.
