Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, que asistió al juicio de Diego Catriel Herchhoren como observador, ha hecho público que “aunque celebra que Diego Catriel haya sido absuelto, es preocupante que en el último momento la Fiscalía introdujese una nueva acusación por un delito de coacciones, vulnerando el derecho de Diego a disponer del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, así como que la sentencia afirme que sí existió el delito de coacciones, aunque le absuelve por un defecto formal, ya que esta interpretación abre la puerta a la criminalización de defensores de los Derechos Humanos”.
Diego Catriel Herchhoren fue llevado a juico por fotografíar a los funcionarios que participaron en un desahucio en marzo de 2019 en Guadalajara y publicar las imágenes. Amnistía Internacional cree que dicho proceso penal nunca debió tener lugar pues constituye una restricción excesiva y desproporcionada en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.
La entidad recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que los funcionarios públicos, en el desempeño de su cargo, están sujetos a límites más amplios de crítica aceptable que los ciudadanos ordinarios y que por lo tanto deben aceptar estar expuestos al escrutinio público. En este sentido, el TEDH ha afirmado que las acciones u omisiones del gobierno deben estar sujetas a escrutinio no sólo por parte de las autoridades judiciales y legislativas, sino también por parte de la prensa, de la opinión pública y de la ciudadanía en general.
