La diputada regional del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Claudia Alonso, ha denunciado hoy que, por culpa de la irresponsable política educativa del presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, Castilla-La Mancha es “es la única comunidad autónoma de España con ratios ilegales. La única región que, desde que el Gobierno nacional aumentó la tasa de reposición al cien por cien, mantiene esas ratios ilegales”.
Así lo ha manifestado Alonso en una pregunta formulada en el Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha explicado que en 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria la ratio en Castilla-La Mancha es de 30 alumnos por aula, en lugar de 25 que es lo que debería haber según marca la ley; en 3º y 4º de la ESO la ratio es de 36, cuando la ley dice que debe ser de 30; y en 1º y 2º de Bachillerato la ratio es de 40, en lugar de 35 que debería haber legalmente.
“Esto es lo que tenemos en nuestra comunidad. Pese a que dijeron que serían legales, pese a que incluso en sus pactos con Podemos lo firmaron ante notario, ustedes siguen consintiendo que Castilla-La Mancha sea la única comunidad autónoma que se sitúa en la ilegalidad. Por eso las órdenes de ratios han sido impugnadas por todos los sindicatos, porque son ilegales, y esto afecta a la calidad del sistema educativo, porque estamos cargando de mayor trabajo al docente”, ha recriminado Alonso al Gobierno de Page.
La parlamentaria regional del PP ha denunciado que esto sucede, pese a que el Gobierno de Page y Podemos “tiene 1.012 millones de euros más en los presupuestos y pese a que todas las facturas que dejaron sin pagar cuando dejaron de gobernar en 2011, las dejó pagadas el Gobierno de María Dolores Cospedal, así que también tienen 4.000 millones menos de deudas”. “Lamentablemente, esto es cuestión de prioridades, y ustedes prefieren gastar el dinero en vicepresidentes, consejeros y asesores”, ha censurado.
Asimismo, Alonso ha recalcado que “también somos una comunidad autónoma en la que curso tras curso ustedes están eliminando plazas de docentes, de manera que entre amortizados, suprimidos y desplazados, ya han eliminado 350 plazas”, lo que para la diputada del PP “es otro ejemplo de la hipocresía de un gobierno que es capaz de mantener una cosa y hacer la contaría, que no quiere reconocer la situación ni la ilegalidad que la misma supone”.
