Un total de 17 municipios de la provincia de Cuenca superaron en 2024 el límite legal de 50 miligramos de nitratos por litro en su agua de consumo, dejando a 10.774 vecinos sin acceso a agua potable. Además, 77 localidades, lo que representa un tercio de los pueblos de la provincia, alcanzaron sus máximos históricos de contaminación. Los datos proceden del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad y han sido analizados por Pueblos Vivos Cuenca con motivo del Día Mundial del Agua.
Los municipios más afectados
Las mediciones más extremas de toda Castilla-La Mancha se registraron en territorio conquense: Salmeroncillos alcanzó los 128 mg/l y Talayuelas los 118 mg/l. La lista de localidades donde el agua no es apta incluye también a Torrejoncillo del Rey, Villaverde y Pasaconsol, Casas de Benítez, Barchín del Hoyo, Valhermoso de la Fuente, Villar de Olalla y Villar de Cañas, entre otros. Paralelamente, en 11 municipios conquenses como Olmeda de la Cuesta o San Pedro Palmiches ni siquiera se están realizando analíticas completas para medir estos tóxicos en la red de abastecimiento.
Efectos de la ganadería industrial
La plataforma vecinal vincula esta contaminación de los acuíferos con la proliferación de macrogranjas en la provincia, donde la cabaña porcina ha crecido un 112% desde 2007 hasta superar los 338.000 cerdos. Pueblos Vivos Cuenca recuerda que la investigación médica relaciona directamente el consumo prolongado de agua con nitratos por encima de 9,25 mg/l con un incremento del riesgo de padecer cáncer colorrectal. A pesar de estas cifras y del impacto directo en la salud pública comunitaria, el Gobierno regional sostiene que el sector porcino todavía cuenta con margen de crecimiento.
Evolución de una crisis anunciada
El deterioro de los acuíferos conquenses es un problema crónico que continúa agravándose año tras año. Ya a finales de 2024, núcleos como Salmeroncillos de Abajo denunciaban llevar dos años enteros obligados a utilizar agua embotellada para beber y cocinar debido a la toxicidad de sus grifos. Esta crisis hídrica choca de frente con las últimas decisiones administrativas de ordenación del territorio y medio ambiente. El Gobierno autonómico preparó recientemente el marco legal para poner fin a la moratoria vigente desde 2022, reabriendo así la puerta a nuevas autorizaciones y ampliaciones de macrogranjas de más de 2.500 cerdos. La brecha entre la expansión de este modelo de ganadería intensiva y la protección ciudadana sigue ampliándose, consolidando un escenario donde cada vez más pueblos de la Alcarria y la Manchuela pierden su derecho esencial al agua potable.
