Durante el encuentro, los representantes de la plantilla mostraron su preocupación por el grave deterioro del servicio, la gravedad de que la licitación se haya quedado desierta y su malestar por las palabras del concejal, López Pomeda, que en lugar de asumir responsabilidades se ha dedicado a señalar a los trabajadores como causantes de que quedará desierto el concurso de uno de los servicios más importantes que debe prestar el Ayuntamiento. La falta de empresas adjudicatarias, además de retrasar uno o dos años la adjudicación del nuevo servicio, demorará la renovación del modelo de transporte que necesita la ciudad, comprometerá las frecuencias existentes, las mejoras comprometidas y las condiciones que tendrá el servicio. La situación afecta directamente a las personas que dependen de este servicio para acudir al trabajo, al colegio o al instituto o a las citas médicas, repercute en la movilidad sostenible que la ciudad requiere y obliga a mantener las rutas y la frecuencia existente, y la flota de los obsoletos autobuses.
El desenlace no ha sorprendido a la concejala municipalista, que ha ido siguiendo como avanzaba el expediente. Los informes de intervención ya señalaba la escasa viabilidad del contrato. La empresa concesionaria en la actualidad, que lleva en prórroga forzosa tres años, alertaba del desequilibrio financiero. Además, la representación legal de los trabajadores (RLT) que se reunió con AIKE la pasada semana, mostró su preocupación por las condiciones laborales. También los grupos políticos de la oposición registraron las carencias técnicas y presupuestarias del concurso. Ninguna de las alegaciones fue escuchada ni tenida en cuenta, y el equipo de Gobierno siguió adelante obviando cuestiones básicas en cuanto a las necesidades del servicio, las dimensiones de las nuevas cocheras, las condiciones laborales, la viabilidad económica o el diseño de las líneas, en una muestra más de la falta de escucha del equipo de Gobierno. Todo ello apuntaba a un riesgo más que evidente en que la licitación no prosperara en los términos planteados por el Partido Popular y VOX.
Ante este escenario, señala la edil municipalista, “es necesario que se asuman responsabilidades políticas. El concejal responsable del área, López Pomeda, debe ofrecer explicaciones claras sobre cómo se ha tramitado y planificado el contrato, qué previsiones se realizaron y qué medidas se van a adoptar para garantizar la estabilidad del servicio mientras se resuelve la nueva licitación, así como las mejoras que deban incorporarse en el próximo pliego. Del mismo modo, la alcaldesa debe asumir su responsabilidad en la supervisión de un contrato estratégico para la ciudad y dar respuesta a una situación que afecta de manera directa a la vida cotidiana de la ciudadanía”.
