En su recién estrenado despacho del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), Alberto Jara, el nuevo gerente, hojeaba nerviosamente los requerimientos judiciales que se acumulaban sobre su escritorio. Las sombras de la desobediencia judicial se cernían sobre él, amenazando con oscurecer su carrera. La advertencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha resonaba en su mente como un eco ominoso.
Enfrentándose a la posibilidad de un delito, Alberto Jara se ha visto sumergido en una trama judicial inesperada para él, pero cotidiano en el enrarecido y oscuro mundo de la gestión de recursos humanos de la administración sanitaria castellano-manchega, donde las leyes son entidades eludibles y las decisiones parecen guiadas por la apatía, alejándose en cualquier caso del sentido común. Esta herencia de bienvenida se ha gestado durante más de 30 años en una trama contra el personal de tecnologías de la información del SESCAM (los informáticos) tan intricada y medieval como los pasadizos de un castillo.
Este ‘cliffhanger’ es sólo el final de un capítulo más en una larga serie que dura más de 30 años, se remonta a antes de los inicios de la sanidad autonómica y en la que el personal de informática habita en un mundo de plazas temporales traicionados por una promesa incumplida de consolidación de sus empleos que aún resuena amargamente en febrero de 2024.
Nuestros protagonistas informáticos tienen abiertas cuatro demandas impugnando las ofertas de empleo público del SESCAM de 2018, 2022 y 2023, y un concurso de traslados entre medias, en las que con la prisa de un mal torero y la mala fe de un villano de Shakespeare, el SESCAM ha querido repartir sus 200 plazas con un criterio aparentemente arbitrario, sorteando hasta dos reales decretos y una ley de estabilización que obligaba a que todas estas plazas salieran a concurso con la intención de eliminar esta temporalidad eterna con algo de justicia para el personal que las ocupa.
Todas las demandas siguen reclamando lo mismo: una prueba que identifique las plazas que convocó en cada proceso y con qué criterio, algo que parece imposible para esta administración y que ha llevado al límite al juzgado hasta amenazar al propio gerente del SESCAM de incurrir en un posible delito de desobediencia si siguen ignorando desde sus recursos humanos y jurídicos reiteradamente la petición de esta prueba.
Entendemos que no identificar las plazas que salen en una OPE ayuda a sortear leyes, y por el contrario, identificarlas, puede dejar en evidencia errores e incluso mala fe en el proceder.
La de ‘los informáticos del SESCAM’ es ya toda una novela burocrática, la trama es generada por la oscuridad de la propia administración, y una historia que debería narrar logros profesionales y crecimiento de las tecnologías de la información en la sanidad de Castilla-La Mancha se ha convertido en un relato de abuso de poder, traición y desgaste personal de los que un día soñamos con llevar a cabo nuestras carreras profesionales de la mano de nuestros responsables, y no de la de nuestros abogados.
