La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado nula la Autorización Ambiental Integrada emitida por el Gobierno regional a una magrogranja de cerdos en la localidad conquense de Torrejoncillo del Rey, al tiempo que constata que se ha producido contaminación del agua de abastecimiento público de dicha localidad por los purines de dicha instalación.
Así lo ha confirmado la asociación ‘Stop Macrogranjas C-LM. Pueblos Vivos’, que en nota de prensa alude a la sentencia del alto tribunal castellano-manchego emitida a finales del pasado mes de enero, tras la denuncia la interpuso el Ayuntamiento de Torrejoncillo contra una macrogranja al comprobar por los análisis de los servicios de Sanidad que el agua de abastecimiento del pueblo superaba el límite legal de nitratos, resultando no potable.
El TSJCM condena también a la Junta de Comunidades por considerar que la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental no siguió el «procedimiento legal establecido» puesto que «la Declaración de Impacto Ambiental ha de ser previa a la Autorización Ambiental Integrada y ha de someterse a información pública». De ahí, que haya declarado nula la resolución de dicho departamento, por no haber seguido el procedimiento adecuado.
«Pero la sentencia va más allá en el voto particular de un magistrado, el cual pasa a valorar el fondo del asunto que se había denunciado, que no es otra cosa que la contaminación del agua de uso público de Torrejoncillo del Rey», ha defendido la asociación.
«Queda suficientemente acreditado por los informes de los servicios de Salud de la Consejería de Sanidad que las aguas de consumo público del Ayuntamiento de Torrejoncillo del Rey están contaminadas por los nitratos procedentes de los purines y estiércol originados por las granjas de cerdos, no siendo apta para el consumo humano», reza el voto particular del magistrado.
Se están «acelerando los trámites»
Por ello que ‘Stop Macrogranjas. Pueblos vivos’ haya lamentado que la administración regional «está acelerando los trámites de las autorizaciones ambientales para estas explotaciones industriales, favoreciendo los intereses de las grandes empresas cárnicas frente al derecho público a la protección ambiental que consagra tanto la legislación regional como el propio artículo 45 de la Constitución».
Y es que, a juicio de la asociación, esta sentencia «contradice de manera clara el discurso tanto de la Administración regional, que niega la posibilidad de estos casos de contaminación por nitratos, como el de las empresas del sector cárnico que se aferran a la supuesta estricta normativa ambiental para afirmar que esto no puede suceder».
