La asociación ‘En defensa de la economía responsable de Almendros’ va a presentar la próxima semana un recurso de alzada contra la autorización, por parte de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de la instalación de una macrogranja porcina en la localidad conquense de Almendros, que prevé un gran complejo ganadero formado por 2.600 madres, incineradora y balsa de purines.
Según ha informado en nota de prensa la asociación, un total de 250 vecinos han avalado este recurso contra «la segunda granja que está proyectada en Almendros (Cuenca), municipio con más de 3.500 hectáreas de zona ZEPA de Máxima protección».
Han denunciado que esta macrogranja, «autorizada en Almendros por la Consejería e inicialmente por el Ayuntamiento», está situada a escasos dos kilómetros de otra proyectada, en este mismo municipio, y de la que aún no se conocen sus características.
En este sentido, la asociación ha cargado contra la «opacidad» del Ayuntamiento, denunciando que «lo único que es de conocimiento generalizado es que las tierras donde se asentarían dichas granjas han sido cultivadas por el señor alcalde».
Así las cosas, ha explicado que la base de dicho recurso se fundamenta en las «discrepancias técnicas» con la Declaración de Impacto Ambiental «incorrecta, sin detalles sobre aspectos fundamentales y claramente ambigua», añadiendo haber observado derecho comparado muy similar y en el que, con planteamientos parejos, la Administración sí atendió el recurso de alzada.
Además, la asociación ha asegurado tener previsto un recorrido jurídico que no se agota en este recurso de alzada, ni tampoco únicamente en la Administración regional.
Carta al consejero
Además de dicho recurso, la asociación ha enviado ya sendas cartas al alcalde de Almendros, Acisclo Jiménez, y al consejero, Francisco Martínez Arroyo.
A este último, además de «matizar» el impacto ambiental real sobre el terreno, más allá de la referencia redactada por la Viceconsejería de Medioambiente, le recuerda «el esfuerzo notable y el sufrimiento para aunar agricultura y conservación y dar seguridad jurídica y bienestar social a los propietarios de fincas de la zona ZEPA, como para ahora autorizar una explotación como ésta en la principal colonia de avutardas de la región».
Mientras, al alcalde le pide que valore los efectos sociales y medioambientales de su decisión y que recuerde que «tanto la Delegación de Agricultura como la industria cárnica han dicho públicamente que la última palabra corresponde al municipio».
«Sería muy triste e indeseable que alguien pensase que tienes tanto o más intereses que los promotores en este proyecto», han agregado desde esta asociación.
