La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos –APAG- quiere manifestar públicamente su apoyo al alcalde de Luzón, Francisco Julián Romero, y al proyecto de construcción de una granja de cerdos en esta localidad.
Desde APAG queremos en primer lugar manifestar que el Ayuntamiento de Luzón está haciendo únicamente lo que es su obligación: seguir el procedimiento legal completo y nadie puede interferir en ello, si se cumple la legalidad vigente y la normativa municipal.
Por otra parte, según ha confirmado el propio alcalde de Luzón, Francisco Julián Romero, no se ha cedido ninguna parcela municipal, sino que ha sido una licitación pública y hay un alquiler por dicha parcela.
En segundo lugar, APAG no concibe que con el grave problema de despoblación que sufre la mayor parte de nuestra provincia se diga por parte de grupos ecologistas que un proyecto de este tipo es “la puntilla para el mundo rural”.
Como bien ha manifestado el alcalde, si esta empresa ofrece empleo y permite la fijación de dos familias en el pueblo, ya es un éxito para este tipo de localidades; sin olvidar los puestos de trabajo indirectos y el movimiento económico derivado de esta instalación, (movimiento de camiones, suministro de cereales de agricultores de la zona para pienso, desplazamientos de veterinarios, impuestos, etc).
Iniciativas de este tipo merecen tanto respeto y las mismas oportunidades que cualquier otra iniciativa del sector turístico, medioambiental, etc.., siempre que se cumpla la legalidad vigente.
Es necesario aclarar que no se trata de una macro-granja o granja intensiva porcina tal y como se ha denominado alarmando a la población. El proyecto consiste en una explotación porcina para recría de reproductores, lo que se denomina un “Cebadero Vida”, con 2.000 plazas.
El informe ambiental del proyecto incluye medidas correctoras para los residuos que se generen en la explotación y la reutilización de los purines generados como abono agrícola, de acuerdo a un plan de Fertilización.
Por último recordar que existe una exigente normativa europea sobre bienestar animal, condiciones higiénico-sanitarias de las granjas, bioseguridad y trazabilidad que exige a las ganaderías españolas de porcino rigurosos requisitos, tanto en sus instalaciones (metros cuadrados por animal, ventilación, limpieza y desinfección de las mismas) como en cuanto a otros parámetros como son la identificación de los animales, la gestión de residuos, las condiciones de transporte, etc.
APAG responde a Ecologistas en Acción que recientemente a través de un comunicado, pedía a la Administración Regional “que impida la ejecución de este proyecto” y solicitaba “a los ayuntamientos afectados y a toda la población su oposición a dicho proyecto, alegando “graves impactos ambientales y económicos”.
Verificar el cumplimiento de toda la normativa corresponderá a la autoridad competente, por lo que resulta absolutamente injusto deslegitimar de antemano un proyecto y hacer un llamamiento público para crear oposición, sin antes saber si cumple toda la legalidad.
Desde APAG apoyamos cualquier iniciativa, -no sólo agrícola y ganadera- que genere empleo y movimiento económico y fije población en nuestro abandonado medio rural, todos los días del año, -no sólo los fines de semana- que son las que constituyen el verdadero desarrollo rural.
