La Plataforma para la Defensa del Convenio Sanitario entre Castilla-La Mancha y Madrid ha presentado una denuncia al Defensor del Pueblo por el «incumplimiento» de dicho convenio por parte del Gobierno castellano-manchego, asegurando que este «ha dejado desamparados» a los ciudadanos de las localidades afectadas al impedir la aplicación del acuerdo.
La Plataforma ha pedido al Defensor del Pueblo que garantice el derecho de los ciudadanos a recibir atención sanitaria cercana en los hospitales de Madrid, insistiendo en que «por culpa» de la Junta, «los castellano-manchegos nos vemos obligados a seguir desplazándonos más de cincuenta kilómetros para asistir al hospital de Toledo, totalmente colapsado, aunque la gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) nos ha reconocido por escrito nuestro derecho a recibir asistencia sanitaria en los hospitales de la Comunidad de Madrid incluidos en el convenio», según ha informado la Plataforma en nota de prensa.
La Plataforma ha manifestado que los ciudadanos están «cansados de pedir al Gobierno regional que cumpla su compromiso, incluido en el programa electoral del PSOE para la región, y aplique el convenio, ya que su paralización causa un grave perjuicio a los afectados». «Nos sentimos defraudados y engañados por Emiliano García-Page, que votó a favor del convenio cuando era senador en el año 2015 y ahora se niega a aplicarlo», ha señalado.
En la denuncia se hace referencia a que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha «paralizado y obstaculizado» la ejecución de los trámites necesarios para la aplicación efectiva del convenio «como, por ejemplo, enviar los datos de los pacientes que lo han solicitado a los hospitales de Madrid que figuran en el convenio para que podemos ser atendidos».
Por eso, la denuncia reclama que se inste a ambas comunidades autónomas «y especialmente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es la que provoca la inactividad administrativa» al cumplimiento efectivo del citado convenio y a la adopción de las medidas necesarias para su puesta en marcha.
«La intervención del Defensor del Pueblo es nuestra última esperanza para conseguir que se garantice nuestro derecho a recibir atención sanitaria cercana porque ya hemos agotado todas las vías para reclamar al presidente Emiliano García-Page que cumpla con su obligación y ni siquiera hemos obtenido respuesta», ha finalizado la Plataforma.
