Castilla-La Mancha contará en 2018 con una nueva legislación de carácter autonómico con la que se recupere la garantía en el cumplimiento de los plazos en los diagnósticos sanitarios y en las intervenciones quirúrgicas.
Así lo ha adelantado el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, quien este lunes ha comprobado la puesta en funcionamiento del equipo de tomosíntensis computarizada TAC del Hospital ‘Santa Bárbara’ de Puertollano (Ciudad Real). Una visita en la que el presidente regional ha estado acompañado, entre otros, por la directora gerente del SESCAM, Regina Leal; el presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la delegada del Gobierno regional en la provincia, Carmen Teresa Olmedo; y la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández.
El presidente regional ha explicado que esta normativa autonómica pone de manifiesto el buen momento por el que atraviesa la sanidad castellano-manchega, gracias al proceso de reconstrucción que se está llevando a cabo desde el inicio de la legislatura. Una dinámica que tendrá continuidad en 2018 con, entre otros, el desarrollo de las obras de hospitales públicos, la dotación de ocho nuevos centros de salud o el impulso que se está realizando en materia de renovación de alta tecnología en los centros sanitarios de Castilla-La Mancha y en el que se invertirán cerca de 14 millones de euros, gracias al Plan de Renovación de Alta Tecnología (PRAT) del Gobierno regional o al convenio suscrito con la Fundación Amancio Ortega.
En definitiva, ha detallado García-Page, 2018 será “un gran año para la sanidad” en nuestra región, lo que incidirá directamente en las listas de espera sanitaria que, ha recordado, ya en 2017 se situaron en unos índices que no se alcanzaban desde 2006, a pesar de que, actualmente existe una mayor demanda que entonces y la población es “más exigente”.
En este punto, el presidente regional ha lamentado la actitud que viene demostrando la oposición ‘popular’ con las críticas vertidas en las últimas fechas sobre las listas de espera en la sanidad pública castellano-manchega. García-Page ha recomendado “rabos de pasa” al PP regional, a cuyos dirigentes ha recordado que protagonizaron un “deliberado hundimiento de la sanidad y las prestaciones públicas” durante la última legislatura, en la que se dejaron de publicar “las listas de espera durante cuatro años”.
El presidente de Castilla-La Mancha ha abogado por poner “límites a la demagogia” y, en este sentido, ha hecho hincapié en que lo que el Partido Popular tenía programado para la presente legislatura no era sino “empaquetar” los hospitales públicos de las localidades albaceteñas de Almansa y Villarrobledo y el de Tomelloso (Ciudad Real) y reducir la plantilla sanitaria pública de la región en 7.000 puestos de trabajo.
Una situación, ha continuado, que contrasta con el trabajo que está desarrollando el actual Gobierno regional con un “inmenso proceso de aumento de puestos de trabajo” en la plantilla pública del SESCAM, que pone de relieve que “la sanidad es una prioridad” para el Ejecutivo autonómico.
Más de 1.000 millones de deuda del Estado con Castilla-La Mancha
Al hilo de estas declaraciones, García-Page también ha valorado el Sistema Nacional de Salud en su conjunto, aunque ha vuelto a lamentar las intenciones del Gobierno de España de reducir sus aportaciones al conjunto de las comunidades autónomas para las prestaciones sociales que gestionan.
A juicio del presidente de Castilla-La Mancha urge abordar cuanto antes el debate sobre el futuro del sistema de financiación autonómica y, por ello, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que asuma, al menos en lo fundamental –sanidad y dependencia– la financiación autonómica para el próximo ejercicio así como el diseño de un nuevo modelo.
García-Page ha adelantado asimismo que Castilla-La Mancha elaborará un informe detallando las partidas que el Estado adeuda a la región en la financiación de diferentes servicios que debe gestionar, incluyendo la sanidad y sus recursos humanos; una factura que el presidente regional ha cifrado en más de 1.000 millones de euros.
Del mismo modo ha rechazado cualquier dilación que guarde relación con la situación política por la que atraviesa Cataluña.
