La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos se felicita por la inclusión de algunas de sus sugerencias en la modificación del sistema de concesión de autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo, pero considera que se dejan de lado aún cuestiones importantes como la regionalización del cupo de autorizaciones y el establecimiento de un límite de hectáreas a conceder por solicitante y año.
El Real Decreto 772/2017, en vigor desde este mes de agosto, regula el potencial vitícola y las autorizaciones para poner nuevos viñedos y al mismo tendrán que adaptar las comunidades autónomas sus normas regionales antes de que se abra el procedimiento de concesión del próximo año.
Entre las principales modificaciones introducidas se redefinen, como pedía Unión de Uniones, ciertos filtros sobre la capacidad y competencia profesional de los solicitantes, lo que permitirá a las Consejerías de Agricultura ejercer un mayor control sobre la generación de situaciones anómalas o ficticias en las solicitudes en la concesión de autorizaciones de nuevos viñedos que se han dado en algunas regiones.
En este sentido, uno de los criterios preferentes de autorización sobre la situación de un nuevo joven viticultor es el tamaño de la explotación, centrando la atención en el redimensionamiento de las pequeñas y medianas explotaciones.
Según Unión de Uniones, éstos y otros cambios mejoran en su conjunto el sistema de autorización de nuevas plantaciones, aunque en opinión de la organización aún se deberían introducir correcciones tanto en la reglamentación comunitaria como en la normativa estatal, en beneficio de los viticultores y para evitar repartos asimétricos, deslocalización del viñedo en ciertas zonas y pérdidas del potencial productivo. Hay que tener en cuenta que España hoy cuenta con un millón de hectáreas de potencial vitícola tras haber perdido más de 200.000 en los últimos 15 años, a razón de más de 13.500 hectáreas por campaña. Castilla-La Mancha, con la mayor superficie de viñedo del Estado ha acusado en mayor medida esta reducción, contando en 2016 con 111.700 hectáreas de potencial vitícola menos que en 2001, hasta quedarse en unas 457.900, con una disminución anual media de unas 7.450 hectáreas.
Por este motivo Unión de Uniones insiste en la necesidad de regionalizar el reparto de nuevas autorizaciones de forma que cada Comunidad Autónoma disponga de su cupo del 1 % sobre su superficie de viñedo como mejor se adecue a su política vitivinícola
Asimismo, la organización señala también que queda pendiente fijar un límite por solicitante y año que podría ser de un máximo de 5 hectáreas o bien determinarse en función de la dimensión media de las explotaciones vitícolas en cada región.
“Aunque el Ministerio ha mejorado los criterios de admisibilidad, debería negociar en Bruselas nuevos parámetros para reforzarlos, por ejemplo, excluir a los titulares de viñedos ilegales o abandonados o que no hayan cumplido en tiempo sus compromisos de ejecución de autorizaciones o se hayan saltado las restricciones impuestas por las DO” – señalan desde Unión de Uniones – “Creemos que si no se toman en cuenta estas cuestiones y algunas correcciones en los criterios de prioridad, el RD no evitará la creación de condiciones artificiales para conseguir autorizaciones de plantación que se han dado en algunas regiones en anteriores ejercicios” – añaden.
La organización considera que se debe planificar mejor la gestión del potencial vitícola y no limitarse, exclusivamente, a establecer una cifra tope de incremento de la masa vegetal a nivel de todo el Estado al dictado más o menos caprichos de la Organización Interprofesional del Vino de España.
Por último, Unión de Uniones recuerda que la nueva norma incluye un adelanto de los calendarios, de forma que el tope de concesiones para el ejercicio 2018 habrá de darse a conocer, por parte del Ministerio, antes del 15 de diciembre, para que los interesados puedan solicitar las autorizaciones entre el 15 de enero y el último día de febrero del próximo año.
