Los grupos parlamentarios de Podemos y PSOE han aceptado la propuesta del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, de retirar la enmienda a la Ley de Medidas Administrativas que pretendía que los funcionarios que pasen a formar parte del Consejo de Gobierno mantengan su consolidación de grado en su carrera profesional.
En rueda de prensa conjunta, los diputados de PSOE Rafael Esteban y de Podemos María Díaz han explicado que aceptan retirar esta enmienda, si bien la intención ahora es sentarse a negociar la tramitación de esta medida por otra vía tanto con agentes sociales como con los grupos parlamentarios.
Esteban ha recordado que esta propuesta nace a raíz de que el último Gobierno del PP con María Dolores de Cospedal a la cabeza eliminara estas consolidaciones de grado a los funcionarios, algo que se mantiene «en todas las comunidades autónomas menos en Asturas y Extremadura».
Igualmente, ha recordado que un total de 14 funcionarios que ocuparon algún puesto en el Gobierno regional de Cospedal se verían beneficiados de la medida, mientras que los actuales altos cargos socialistas «ya tienen todos sus grados consolidados».
Ha querido rechazar la idea del PP de que esta medida fuera a suponer «un sueldo vitalicio» para estos altos cargos. «Lo que no queremos es que las personas que forman parte de los gobiernos pierdan derechos con respecto a sus compañeros», ha dicho Esteban, quien ha recordado que los liberados sindicales dentro de las empresas sí que tienen este privilegio.
«QUE LA ACTIVIDAD PÚBLICA NO MENOSCABE LOS DERECHOS»
De su lado, la diputada de Podemos María Díaz ha defendido que su partido no quiere que ser parte de la vida pública suponga privilegios, pero tampoco que «se menoscaben los derechos de los trabajadores».
En este punto, ha criticado las «desinformaciones interesadas» del PP al respecto de esta medida. «El espíritu de esta enmienda no es establecer privilegios, ni sobresueldos ni pensiones vitalicias. Nosotros lo que hemos intentado era reparar una discriminación que hoy existe con trabajadores públicos que dan el paso a la vida pública».
