La Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE CEPYME Cuenca) ha reclamado que se incorporen las aportaciones de la Federación Empresarial de Servicios y Actividades Deportivas de Castilla-La Mancha (FESAD) al Anteproyecto de Ley de la Actividad Física y el Deporte. La patronal conquense exige reconocer a este sector como un tejido productivo clave para el empleo y el desarrollo económico, además de su impacto en la salud y el bienestar ciudadano.
Desde la organización empresarial subrayan la necesidad de reforzar la representación de las empresas en los órganos autonómicos de participación deportiva. Asimismo, solicitan integrar nuevos indicadores en el Observatorio de la Actividad Física y del Deporte para medir con precisión el empleo generado, la inversión, los servicios disponibles y su distribución territorial.
Censo de instalaciones, sello de calidad y ayudas a la modernización
Para integrar plenamente al sector privado en el sistema deportivo de Castilla-La Mancha, FESAD plantea una batería de medidas centradas en la regulación, la calidad y la mejora de los equipamientos:
Censo específico: Creación de un registro de instalaciones deportivas privadas que permita conocer sus características y facilite su participación en programas e iniciativas públicas.
Distintivo de calidad: Implantación de un sistema autonómico de acreditación para centros públicos y privados basado en criterios de seguridad, accesibilidad, mantenimiento, cumplimiento normativo y calidad del servicio.
Acceso a subvenciones: Habilitar líneas de ayudas para que las instalaciones privadas de uso público que cumplan los requisitos puedan acometer proyectos de modernización, seguridad, accesibilidad, eficiencia energética, sostenibilidad y digitalización.
Planificación conjunta para evitar duplicidades
El paquete de propuestas defendido por CEOE CEPYME Cuenca incide también en la eficiencia del gasto y la gestión de infraestructuras. La patronal pide que la planificación de nuevas instalaciones públicas evalúe previamente toda la oferta existente —tanto pública como privada—, así como su capacidad y nivel de utilización, con el objetivo de optimizar recursos y evitar duplicidades.
De igual modo, los empresarios abogan por que la futura ley autonómica reconozca expresamente la aportación de los centros privados y fortalezca la colaboración público-privada en ámbitos como el deporte escolar, la inclusión, la promoción de la salud y el envejecimiento activo durante la tramitación definitiva de la norma.
