El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este miércoles la resolución de la Viceconsejería de Cultura y Deportes por la que se incoa el expediente administrativo para delimitar formalmente el entorno de protección de la ciudad romana de Ercávica, en el término municipal de Cañaveruelas.
La decisión autonómica solventa un vacío legal histórico sobre el enclave alcarreño, que permanecía sin un perímetro de seguridad técnica y paisajística definido desde que el Estado declarase el yacimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) en junio de 1978.
Suspensión cautelar de licencias y blindaje paisajístico
El inicio de este procedimiento, rubricado por la viceconsejera Carmen Teresa Olmedo al amparo de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, conlleva la aplicación provisional e inmediata del régimen de máxima tutela patrimonial sobre los terrenos circundantes.
Esta medida implica la revisión y suspensión automática de licencias urbanísticas o movimientos de tierras en el área delimitada que puedan menoscabar la contemplación del bien, alteren la cuenca visual del promontorio o comprometan estructuras arqueológicas aún no excavadas.
Un municipio romano clave junto al embalse de Buendía
Emplazada sobre un cerro amurallado junto a las aguas del embalse de Buendía, en la comarca de la Alcarria Conquense, la antigua Ercávica conserva un perímetro defensivo de 2,8 kilómetros, un foro porticado con basílica civil, termas dotadas de sauna subterránea y diversas domus de época imperial.
La urbe constituyó un núcleo administrativo y comercial neurálgico en la Hispania romana, estrechamente vinculado a las explotaciones de lapis specularis (el yeso traslúcido o espejuelo) que abastecían a todo el Imperio desde las minas de la comarca conquense.
Un mes de información pública y plazo de resolución
El expediente patrimonial se someterá ahora a un periodo de información pública durante el plazo preceptivo de un mes para que particulares, propietarios y entidades locales puedan consultar la planimetría catastral y formular alegaciones.
La Junta de Comunidades recabará los dictámenes de las instituciones consultivas reconocidas en la región antes de elevar la propuesta definitiva al Consejo de Gobierno, que dispone de un plazo máximo de doce meses para ratificar por decreto la protección del yacimiento, donde el Gobierno regional ha invertido en los últimos años más de 460.000 euros en intervenciones de consolidación de muros, accesibilidad y áreas de sombra para las visitas.
