El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación Administrativas, conocida popularmente como Ley de Acompañamiento, que incluye nuevos incentivos fiscales de los que, se estima, podrán beneficiarse 30.000 nuevos contribuyentes castellanomanchegos.
Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, para informar de los acuerdos aprobados en Consejo de Gobierno, como es el caso de la Ley de Acompañamiento a la Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha de 2027, que también han pasado este trámite en la misma sesión. Una vez aprobado, el proyecto de ley se remitirá a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria.
En relación con las medidas tributarias, Ruiz Molina ha abordado esta importante modificación relacionada con las actuales deducciones en el IRPF, que son competencia de la Comunidad Autónoma. En este sentido, ha informado que se “aumentan los límites de renta máxima a las que están sujetas 20 deducciones autonómicas en el IRPF”, ampliando así el número de contribuyentes que pueden acceder a ellas.
Proyecto de Ley Presupuestos y Ley de Acompañamiento, presentados en tiempo y forma
Finalmente, Ruiz Molina ha destacado que, un año más, el Gobierno de García-Page ha presentado, “en tiempo y forma”, el proyecto de Ley de Presupuestos y Ley de Acompañamiento para el 2027. De esta manera, y una vez superada la tramitación parlamentaria, el objetivo es que ambas normas puedan entrar en vigor, de manera paralela, el 1 de enero de 2027.
El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha detallado que este proyecto de ley se estructura en tres capítulos: medidas administrativas, en el que se incluyen disposiciones de política económica, de carácter social, organizativas y de protección del medioambiente; medidas de simplificación administrativa y de racionalización normativa, para agilizar la tramitación de los procedimientos administrativos; y las citadas anteriormente, medidas tributarias, ampliando, fundamentalmente, el margen de aplicación de determinadas deducciones en el IRPF.
Sobre las medidas administrativas, el consejero ha expuesto que la ley incorpora la modificación de diversas leyes para incluir disposiciones que van a permitir: mejorar la prevención y gestión de incendios forestales; mejorar los procedimientos aplicables a planes, programas y proyectos que requieren evaluación ambiental; o suspender las nuevas autorizaciones para casinos de juego en Castilla-La Mancha hasta el 31 de diciembre de 2031.
Una cuarta línea que hay que mencionar en estas medidas administrativas es el refuerzo de la lucha contra la exclusión financiera a través de la modificación del destino que se puede dar al Fondo de Promoción y Formación de las cooperativas de crédito.
Finalmente, Juan Alfonso Ruiz Molina ha aludido a las medidas de simplificación y racionalización normativa que recoge esta ley y que están en consonancia con el mandato de la Ley 4/2025, de 11 de julio, de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa de Castilla-La Mancha, en la que se insta a la Administración regional a impulsar y promover actuaciones para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión pública y optimizar la prestación de los servicios públicos.
Así, ha explicado que el proyecto incluye un conjunto de disposiciones dirigidas a regular de manera más precisa el silencio administrativo desestimatorio o a suprimir en diversas leyes aquellas autorizaciones que se consideran actualmente excesivamente onerosas o innecesarias.
En relación con la racionalización normativa, el texto establece dos tipos de medidas. En primer lugar, regula la Regla ‘una por otra’; según la cual, al aprobar una nueva norma, hay que valorar la derogación de, al menos, otra norma de igual o inferior rango, para evitar que las nuevas normas saturen a las empresas y ciudadanía con trámites, costes burocráticos u obligaciones innecesarios; tal y como ha remarcado.
En segundo lugar, y en relación con los órganos colegiados de consulta e informe, habrá que justificar detalladamente el motivo de tener que pedir informes a estos órganos o si son de nueva creación, justificar detalladamente por qué hay que crearlo y si las funciones de ese órgano no pueden ser asumidas por otro ya existente.
