El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para 2027, que asciende a 13.587 millones de euros, 683,7 millones más, en términos absolutos, con respecto al año anterior y que contempla recursos destinados para al mantenimiento y mejorar de los servicios públicos, el desarrollo empresarial y el acceso a la vivienda, con el objetivo de atender a las necesidades de la ciudadanía.
Así lo ha expuesto el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, en la que, acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, ha presentado el proyecto de Ley de Presupuestos para 2027 y de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación Administrativa, conocida como Ley de Acompañamiento. Después se ha registrado en las Cortes regionales para su preceptiva tramitación parlamentaria, a fin de que pueda entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.
Un proyecto de Ley para 2027, que, como ha señalado, recoge una reducción del 80% en los ingresos procedentes de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que tienen “un carácter extraordinario y temporal”, y cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre de 2026. Unos ingresos previstos que supone pasar de 600 millones en 2026 a los 126 millones en 2027.
Por tanto, para determinar el gasto disponible en este año se ha de comparar el gasto no financiero, en el que se excluye la amortización de la deuda pública y los fondos MRR, y que ha indicado el consejero que asciende a 11.974 millones de euros, lo que supone un aumento del 11,1%, un total de 1.200 millones de euros más.
Gasto social, equilibrio presupuestario y reducción fiscal
En el desarrollo de su intervención, Ruiz Molina ha explicado que los objetivos del presupuesto para 2027 son el aumento los recursos destinados a la financiación de los servicios públicos, así como los destinados al desarrollo de la política de vivienda, favorecer el crecimiento económico y empresarial, invertir en innovación y sostenibilidad y hacer frente a la despoblación.
En base a estos objetivos, el consejero ha indicado que las cuentas regionales del próximo año se caracterizan por que el gasto social, de nuevo, constituye el principal eje, fundamentalmente el relacionado con el Estado del Bienestar y la vivienda. Una prioridad en este gasto que se hace compatible con el equilibrio presupuestario, déficit cero, que no incrementa el endeudamiento de la Comunidad; y con las nuevas reducciones fiscales, fundamentalmente en relación con las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad, los mayores y la vivienda.
8.412 millones de euros para financiar los servicios públicos fundamentales
En relación con el gasto social, se van a destinar 8.412 millones de euros, una cantidad que representa el 72,3% del gasto no financiero y que aumenta un 12,5%, sin contar con los fondos MRR, que sirve para financiar los servicios públicos fundamentales, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Concretamente, para más profesionales, infraestructuras y equipamientos, más servicios y ayudas; e innovación y digitalización de los servicios.
En su exposición, el consejero se ha centrado en esas tres principales áreas. En el caso de Sanidad, contará con 4.611 millones, un 13,6% más que en 2026, lo que supone un incremento de 553 millones. Una partida para, entre otras acciones, reforzar la plantilla de profesionales sanitarios, además de hacer efectiva la carrera profesional; seguir invirtiendo en infraestructuras sanitarias, con instalaciones modernas, funcionales y accesibles en hospitales y centros de salud; o desplegar tecnologías avanzadas para reforzar la capacidad resolutiva de los centros sanitarios en zonas rurales.
En Educación, se van a destinar 2.664 millones de euros, un crecimiento cercano al 10% con respecto al presupuesto anterior, excluyendo los fondos MRR, y un incremento de 234 millones en términos absolutos. Esta área permitirá ampliar la plantilla docente para bajar ratios, extensible este curso a 2º de Primaria, continuar con la reducción del horario lectivo del profesorado, reforzar la FP y la inclusión educativa.
Además, se va a proseguir con el plan de infraestructuras, climatización de centros y digitalización de aulas; extender la gratuidad de las plazas de 2-3 años a todos los municipios de la región que lo hayan solicitado y dotar de más plazas de transporte escolar en zonas despobladas; ampliar la oferta de plazas en comedores escolares y ayudas a las familias de los alumnos para que puedan usarlo y cumplir con los contratos de programas de las dos universidades públicas que operan en la región, consolidando la gratuidad de la matrícula para el primer curso.
En el área de Servicios Sociales, el presupuesto aumenta a 1.135 millones de euros, un aumento con respecto a 2026 del 14%, excluyendo fondos MRR. Un presupuesto con el que se pretende reforzar el modelo asistencial, especialmente en zonas afectadas por la despoblación; desarrollar el Plan de Impulso al Sistema de Dependencia; potenciar la teleasistencia y la ayuda a domicilio; consolidar el Termalismo Social y mejorar la oferta de Turismo Social para mayores de 55 años; y consolidar una Atención Temprana pública, gratuita y cercana.
270 millones para políticas de vivienda
Otra de las áreas a la que se ha referido el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital es el gasto destinado al desarrollo de la política de vivienda, que ha considerado un “sector con una fuerte vertiente social”. En este sentido, ha explicado que esta política de vivienda dispondrá de 270 millones de euros, 86 millones por encima de la dotación del ejercicio anterior.
Estos recursos, ha dicho, se orientan a facilitar el acceso a la vivienda, promover la construcción y rehabilitación de inmuebles y desarrollar actuaciones en materia de accesibilidad y mejora de la habitabilidad. La planificación presupuestaria se complementa con las medidas fiscales vinculadas a la vivienda, dirigidas a distintos colectivos y, especialmente, a facilitar el acceso a jóvenes y familias.
Las actuaciones de carácter económico contemplan 2.776 millones de euros
En relación con las políticas de gasto dirigidas a incentivar el desarrollo económico y a la generación de riqueza y empleo, desde una perspectiva de sostenibilidad, Ruiz Molina ha detallado que el presupuesto contempla 2.776 millones de euros, de los que prácticamente 1.400 millones se van a canalizar vía transferencia a las empresas, con actuaciones dirigidas al tejido empresarial, al emprendimiento, a la contratación, a la mejora de la empleabilidad, a la innovación y a la modernización de sectores productivos. Además, incluye partidas de apoyo al sector primario, la eficiencia energética, las infraestructuras y la mejora de la competitividad.
Por su parte, las operaciones de capital, es decir, las inversiones que se destinan a favorecer la actividad productiva y de ampliación de infraestructuras en el ámbito de los servicios públicos, cuentan con 1.284 millones de euros, lo que supone una variación del 12% respecto a 2026, descontando los fondos MRR.
El consejero ha indicado que este volumen de recursos va a permitir financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos, así como actuaciones relacionadas con los servicios públicos, la modernización tecnológica, la vivienda, el agua, la energía y la competitividad económica.
Actuación decidida ante el reto demográfico
Durante su exposición, el consejero se ha vuelto a detener en el apartado dedicado al reto demográfico, ya que, de nuevo, el presupuesto recoge las políticas de la Estrategia Regional frente a la Despoblación, que en 2027 va a disponer de 2.198 millones de euros, con un crecimiento del 82% respecto al anterior ejercicio, lo que representa un 4% más.
Del citado importe, ha dicho, en torno al 40% se vincula a la prestación de servicios públicos en zonas afectadas por la pérdida de población y cerca del 42% se va a destinar a medidas relacionadas con el empleo, el emprendimiento, el apoyo a las pymes y a sectores como el turismo y las actividades agrarias y forestales. Entre las nuevas actuaciones previstas, Ruiz Molina ha hablado del programa ‘Moviliza tu Vivienda Rural’, orientado a favorecer las disponibilidad de inmuebles en municipios afectados por la despoblación.
Ingresos no financieros y beneficios fiscales
En cuanto a los ingresos no financieros, el responsable de Hacienda ha explicado que el 71%, 8.587 millones, provienen de las aportaciones a la región por el Sistema de Financiación Autonómica; en segundo lugar, de las transferencias del Estado y la UE, que asciende a 2.361 millones; y lo restante, de los tributos cedidos que se gestionan desde la región, como es el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En relación con los beneficios fiscales, esto es, los ingresos que la Administración deja de percibir por las deducciones y bonificaciones fiscales ya aprobadas dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma, Ruiz Molina ha indicado que para 2027 se ha estimado un volumen de beneficios de 400 millones, de los cuales más del 43% se concentra en beneficios asociados al desarrollo de la política de vivienda y a incentivos fiscales por vivir en zonas despobladas.
En materia de vivienda, el consejero ha indicado que las desgravaciones vigentes supondrán un ahorro fiscal de 103 millones de euros, un 23% más, con alrededor de 30.000 potenciales beneficiarios. Por su parte, las medidas fiscales vinculadas a la lucha contra la despoblación alcanzan los 72 millones de euros, un 20% más, y podrá beneficiar, según estimaciones, a unas 130.000 personas.
Así ha concluido un ejercicio de transparencia con el que se quiere explicar a la ciudadanía a qué se dedica el dinero que pagan con sus impuestos y cuya presentación se ha hecho siguiendo el calendario previsto, sin alteración por la convocatoria de elecciones generales.
