La comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo situó sus prioridades demográficas y socioeconómicas en el epicentro de los debates del II Foro de Desarrollo Rural «El avance del medio rural», un encuentro que congregó en Sigüenza a cerca de novecientos representantes de doce comunidades autónomas. A través de su Grupo de Desarrollo Rural y con la intervención directa de su presidente, Jesús Alba, el territorio participó de manera activa en la primera mesa de trabajo centrada en evaluar los avances de la Ley de Despoblación de Castilla-La Mancha e identificar los vacíos normativos que todavía lastran el día a día de las zonas de muy baja densidad. El foro, promovido conjuntamente por RECAMDER y los cinco colectivos LEADER de la provincia de Guadalajara —ADAC, ADASUR, ADEL Sierra Norte, FADETA y la ADR Molina de Aragón–Alto Tajo—, sirvió para articular una postura unificada ante las diferentes administraciones públicas en torno a la gestión urbanística, la vivienda, la fiscalidad diferenciada y el mantenimiento de los servicios básicos en los núcleos más despoblados.
La jornada concluyó con la rúbrica del «Manifiesto por los pequeños municipios y el futuro del medio rural», un decálogo de doce compromisos estratégicos suscrito por las entidades comarcales y la red regional para exigir tanto una Ley Nacional del Pequeño Municipio como una legislación estatal específica contra la despoblación. Entre las demandas prioritarias figura la simplificación de las cargas burocráticas para los consistorios de escasa dimensión, el cómputo de la población vinculada en la financiación municipal, la compensación económica para los territorios que actúan como generadores de energías limpias y el blindaje financiero del programa LEADER. Asimismo, la clausura del encuentro respaldó la solicitud trasladada a la Comisión Europea para que 267 localidades de las comarcas de Molina, la Sierra Norte y La Alcarria sean reconocidas formalmente como zonas escasamente pobladas, en continuidad geográfica con áreas limítrofes de Cuenca, Soria y Teruel, lo que abriría la puerta a un paquete extraordinario de ayudas fiscales al funcionamiento.
Este posicionamiento colectivo enlaza de manera directa con las directrices fijadas en el primer Manifiesto de Sigüenza de 2019, documento embrionario que sentó las bases para la aprobación del marco legislativo autonómico contra la despoblación en Castilla-La Mancha. La trayectoria de movilización social e institucional de la comarca molinesa, históricamente castigada por densidades demográficas inferiores a los dos habitantes por kilómetro cuadrado, ha sido determinante para situar la discriminación fiscal positiva en la agenda autonómica y estatal. Con este nuevo consenso, las cabeceras rurales de Guadalajara buscan superar la fase de los diagnósticos teóricos para consolidar un estatuto jurídico propio que blinde la supervivencia económica y administrativa de sus pueblos frente al envejecimiento y el vaciamiento poblacional.
