El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado 3,2 millones de euros para apoyar a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales de La Mierla y Selas, dentro de un paquete global de 22 millones de euros asignado a la reconstrucción de las zonas dañadas. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha comprobado en la localidad de El Ordial los trabajos de la empresa pública Tragsa, que acomete la reparación de 57 kilómetros de caminos rurales en 28 municipios y núcleos de la Sierra Norte mediante cuatro equipos de maquinaria sobre el terreno, antes de actuar en otros cinco trazados de Selas. La partida autonómica distribuye dos millones de euros en ayudas directas por pérdida de cosechas, colmenas y cabezas de ganado, además de sufragar el coste del pienso y la alimentación animal entre octubre de 2026 y marzo de 2027 ante la destrucción de los pastos naturales.
La respuesta institucional tras los grandes incendios forestales en la Sierra Norte y el Señorío de Molina forma parte del seguimiento comarcal registrado en la hemeroteca de Liberal de Castilla. Los archivos documentan cómo la pérdida de masa vegetal y pastizales comunales golpea de forma recurrente a explotaciones de vacuno y ovino extensivo en comarcas de alta montaña, donde el rápido acondicionamiento de las vías rurales y la llegada ágil de compensaciones agropecuarias resultan determinantes para evitar el cese definitivo de la actividad ganadera y el despoblamiento de las pequeñas pedanías.
Cierre
El despliegue de las ayudas y la maquinaria busca restablecer los accesos básicos a las fincas y explotaciones antes del invierno, garantizando la viabilidad de un sector primario fundamental para la custodia ambiental de la serranía guadalajareña. Durante la visita, el consejero ha rechazado además la pretensión de la Comunidad de Madrid de fijar una concesión anual de hasta 50 hectómetros cúbicos de agua del río Sorbe, subrayando que la prioridad de la cuenca debe ser blindar el abastecimiento y el desarrollo económico del Corredor del Henares y de la provincia frente a derivaciones que limiten el crecimiento de los municipios de Castilla-La Mancha.
