La sección sindical de Unión Sindical Obrera en la Diputación de Cuenca ha cuestionado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por el Pleno el pasado 27 de mayo, un acuerdo contra el que se han interpuesto dos demandas ante el tribunal de lo contencioso-administrativo de la capital. Una de las reclamaciones judiciales parte del funcionario titular de la Jefatura de la Sección de Planificación —que ostenta la presidencia de la junta de personal— por el cambio de adscripción, funciones y traslado desde el Palacio Provincial a la Casa Cuna, mientras que la segunda ha sido formalizada por el sindicato en defensa de la negociación colectiva y de los puestos de negociado redistribuidos a otros departamentos.
La organización sindical denuncia que la reorganización interna se justificó formalmente por una supuesta terminación de los proyectos vinculados al Plan de Obras y Servicios, un argumento que contradice la documentación técnica de la propia institución. Según los expedientes incorporados a la causa, a comienzos de junio continuaban en tramitación más de medio millar de actuaciones relativas a redacción de proyectos, coordinación de seguridad e instalaciones deportivas. Esta situación quedó patente el pasado 7 de septiembre, cuando el propio Pleno provincial aprobó por unanimidad prorrogar la justificación del POS hasta mayo de 2027 al constatar que más del 90% de los ayuntamientos de la provincia no habían podido concluir las obras debido a la elevada carga burocrática.
Hemeroteca
La gestión de los planes provinciales de obras y las discrepancias en torno a las modificaciones de plantilla en el Palacio Provincial forman parte del seguimiento informativo continuado de Liberal de Castilla. El archivo del diario recoge tanto los debates plenarios sobre los ajustes en la estructura de personal de la Diputación como las sucesivas dificultades administrativas que afrontan los municipios conquenses para ejecutar en plazo las inversiones del POS.
Cierre
El conflicto traslada ahora a los tribunales la validez de los argumentos organizativos empleados por la corporación provincial, al contraponer el argumento del fin de tareas técnicas con la necesidad de conceder una moratoria general a los municipios. La resolución judicial marcará el encaje legal de los traslados y el ritmo de tramitación de un plan de infraestructuras decisivo para los pueblos de la provincia de Cuenca.
