La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha calificado de irresponsabilidad institucional el anuncio del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de poner todas las trabas posibles a las nuevas reglas del trasvase Tajo-Segura a la espera de un relevo en el Gobierno central. La entidad, que representa a los municipios ribereños de Guadalajara y Cuenca, censuró que se plantee como un pulso partidista lo que en realidad constituye un mandato legal derivado de resoluciones judiciales firmes y de la normativa ambiental europea.
Desde el colectivo ribereño remarcaron que un gobernante autonómico no puede supeditar el acatamiento de la ley al color político de La Moncloa ni pretender que las sentencias del Tribunal Supremo queden en suspenso de manera provisional. En este sentido, recordaron que la vía judicial impulsada por los sectores trasvasistas ha encadenado continuas derrotas, entre las que destacan la desestimación en junio de 2024 del recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana contra el Plan Hidrológico del Tajo y el fallo de enero de 2025 que rechazó las pretensiones de la Junta de Andalucía contra los caudales ecológicos.
A estos pronunciamientos se sumó el pasado 13 de mayo la sentencia que desestimó íntegramente la demanda del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, con imposición de costas procesales. El Alto Tribunal reiteró en dicha resolución que la fijación de caudales ecológicos en el eje del río es un imperativo legal técnico y que el marco normativo del trasvase no asegura volúmenes fijos al Segura. Por ello, la asociación recalcó que el presidente murciano no puede desmantelar mediante insubordinación los objetivos vinculantes de la Directiva Marco del Agua para beneficiar a intereses económicos privados.
Hemeroteca
La confrontación en torno a la planificación hidrológica de la cuenca cedente ha sido objeto de una cobertura constante en el archivo de Liberal de Castilla. Las resoluciones del Tribunal Supremo han ido ratificando paulatinamente la doctrina que sitúa las necesidades ambientales del río y de los embalses de cabecera como una restricción previa a cualquier derivación hacia el Levante, desmontando los sucesivos recursos presentados tanto por comunidades receptoras como por la Diputación de Alicante.
De forma complementaria, los municipios de Guadalajara y Cuenca ribereños de Entrepeñas y Buendía han insistido ante el Ministerio para la Transición Ecológica en la urgencia de consumar la reforma de las reglas de explotación. Los acuerdos previos ya redujeron los umbrales mensuales de envío en nivel 2 para evitar situaciones de colapso hídrico, consolidando el criterio judicial de que solo es susceptible de trasvase el agua verdaderamente excedentaria una vez atendidas las demandas socioeconómicas y ecológicas de la propia cuenca.
Cierre
La reacción de los Ribereños ante el posicionamiento del Ejecutivo murciano pone sobre la mesa el choque entre la retórica de confrontación interautonómica y la solidez de una jurisprudencia consolidada tras una década de litigios. Al blindar el Tribunal Supremo la implantación obligatoria de caudales ambientales conforme a los parámetros comunitarios, las maniobras de dilación institucional quedan desprovistas de soporte jurídico. La comarca de cabecera confía en que la consumación del nuevo marco regulatorio ponga fin a la sangría periódica de los pantanos alcarreños y conquenses, asegurando una lámina estable imprescindible para fijar población y frenar el deterioro ambiental del eje fluvial.
