Castilla-La Mancha ha votado a favor de los 25 millones para Ceuta que el Estado destinará a la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, una aportación que recibió el respaldo unánime de las comunidades autónomas. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, participó este jueves, junto a la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
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García Torijano trasladó “nuestro apoyo, nuestra solidaridad con Ceuta en este momento actual” y valoró una aportación que supone “un esfuerzo importante” por parte del Estado. Los 25 millones, señaló, constituyen “una acción necesaria para empezar a dar respuesta a esta situación que se está viviendo en Ceuta”, y recordó que la propia ministra planteó la posibilidad de ampliar los recursos si la evolución de las necesidades lo requiere.
Un sistema de protección ya tensionado
La consejera situó sobre la mesa la realidad del sistema regional. “En Castilla-La Mancha llevamos años cumpliendo con los compromisos derivados de la infancia, también con los derivados del Real Decreto Ley del año pasado, que nos ha supuesto un esfuerzo grande y eso ha tensionado mucho nuestro sistema de protección”, afirmó. Ampliar la capacidad, advirtió, no siempre puede hacerse de forma inmediata: la protección de un menor requiere no solo una plaza, sino profesionales, recursos especializados y acompañamiento.
Por eso la región valoró que en la Conferencia se plantearan otras vías para responder a la situación de Ceuta sin incrementar la presión sobre los sistemas autonómicos. “Valoramos que se puedan explorar otras vías que permitan dar respuesta a esta situación sin seguir sobrecargando los sistemas de las comunidades autónomas”, señaló la consejera, según recordó el Gobierno regional, trasladando la disposición de Castilla-La Mancha “a sentarse, trabajar y buscar entre todos alternativas y soluciones”.
Los derechos de los niños, en el centro
García Torijano defendió que cualquier solución debe partir del interés superior del menor y remarcó que el debate migratorio no puede hacer perder de vista una cuestión esencial: los niños y las niñas no son invasores, sino menores cuyos derechos deben ser protegidos por las administraciones.
Las alternativas, añadió, deben estudiarse de manera individualizada y con todas las garantías. Entre ellas puede encontrarse la reagrupación familiar cuando sea posible y responda al interés del menor, si bien la consejera recalcó que las realidades personales y familiares son muy distintas y que hay situaciones en las que esa opción resulta especialmente compleja. La región abogó por mantener con el Ministerio un marco de diálogo basado en la coordinación, la seguridad, las garantías y una comunicación fluida.
Un pulso por la financiación que ya seguíamos
La posición no es nueva. Ya contamos cómo Castilla-La Mancha mantenía su voluntad de acoger menores migrantes pero exigía una financiación justa para no desbordar su sistema de protección, y cómo la región llegó a recurrir el decreto del Gobierno central sobre el reparto de menores migrantes por la falta de financiación. El voto favorable de este jueves cierra ese arco con un matiz relevante: la comunidad respalda el dinero, pero mantiene la advertencia sobre los límites de su red de plazas y profesionales.
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