El alcalde de Sacedón, Francisco Pérez Torrecilla, ha exigido el cese inmediato del delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, después de que este afirmara ayer en Toledo que la reducción de los trasvases hacia el Levante debe hacerse «de manera solidaria» y garantizando que no se vaya a «estrangular la economía» de las cuencas receptoras (Murcia, Alicante y Almería) mientras estas no dispongan de recursos alternativos como las desaladoras.
Para el regidor del municipio ribereño, las palabras de Sabrido son «incompatibles con el cargo», ya que a su juicio demuestran una grave incomprensión de los intereses hídricos de la cabecera del Tajo. Pérez Torrecilla recrimina que el delegado contraponga la protección económica del Levante con el sacrificio continuo que soportan los embalses de Entrepeñas y Buendía: «¿Y nuestra economía? ¿Y las empresas de Sacedón? ¿A nosotros sí se nos puede estrangular para mantener un modelo económico construido a cientos de kilómetros con un agua que no tienen?», denunció el alcalde a través de un duro comunicado institucional.
Además, el Ayuntamiento exige a Sabrido que deje de presentar como voluntad de Castilla-La Mancha su postura sobre la solidaridad hídrica. «Él representa al Gobierno de España en Castilla-La Mancha, no a Castilla-La Mancha ante el Gobierno de España. Que no utilice el nombre de una tierra cuyos intereses está contribuyendo a perjudicar», subrayó Pérez Torrecilla.
Hemeroteca: Un delegado envuelto en el pulso hídrico entre el Tajo y el Segura
Esta exigencia de cese es el último capítulo de la histórica «guerra del agua» que enfrenta al Ejecutivo de Castilla-La Mancha (que reclama el fin del Acueducto Tajo-Segura y el cumplimiento de las sentencias del Supremo sobre los caudales ecológicos) con el Levante español. Revisando el archivo reciente de la legislatura, las declaraciones de Sabrido llegaron precisamente en plena negociación nacional sobre las nuevas reglas de explotación del trasvase, y apenas un día después de que la Comisión Central aprobara derivar otros 60 hectómetros cúbicos en pleno mes de agosto.
Aunque el propio presidente autonómico, Emiliano García-Page, y su consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, han elevado en los últimos años el tono judicial contra el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo un recorte drástico de las derivaciones, el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha optado por defender la postura prudente de La Moncloa. Al insistir en que el trasvase «está llamado a tener fin» pero siempre condicionado a que el Levante disponga de agua desalada suficiente para no colapsar económicamente, Sabrido ha intentado mediar entre la reivindicación manchega y las exigencias de Murcia y Alicante, una postura que los municipios ribereños de Guadalajara como Sacedón consideran ahora abiertamente inaceptable.
